Los especialistas que valoraron al expresidente catalán identifican un “deterioro cognitivo moderado” vinculado a un trastorno neurocognitivo irreversible, lo que podría impedir su asistencia física al juicio.
Los peritos que evaluaron a Jordi Pujol, exlíder de la Generalitat de Cataluña, concluyeron que no posee las condiciones físicas ni cognitivas adecuadas para defenderse en un juicio, dado que presenta un deterioro intelectual severo. En su informe mencionan que este deterioro corresponde a un trastorno neurocognitivo mixto, con características propias de una forma de alzhéimer junto a un componente vascular.
Te puede interesar
Tras realizar diversas pruebas cognitivas en su hogar y durante su hospitalización, los especialistas detectaron alteraciones en funciones esenciales como la memoria, la orientación temporal, las habilidades visuoespaciales, la fluidez verbal y la capacidad de inhibición. También observaron una fatiga cognitiva progresiva que dificultaba su concentración y comprensión a medida que avanzaban las pruebas.
El informe médico indica que esta condición es irreversible y progresiva, sin un tratamiento eficaz para revertirla, comprometiendo gravemente su capacidad procesal. Por ello, los peritos destacan que Jordi Pujol no cumple con los requisitos para participar activamente en el procedimiento judicial: no podría presentar sus argumentos ni responder con coherencia a las imputaciones.
En consecuencia, la Audiencia Nacional acordó que Pujol comparezca en la audiencia del próximo lunes por videoconferencia, garantizando así su presencia formal pese a las limitaciones derivadas de su estado de salud. Los forenses responsables del informe también han sido citados para ratificar sus conclusiones ante los magistrados antes de que comience el juicio.
La situación médica del expresidente se complica aún más al haber sido hospitalizado recientemente por una neumonía. Aunque su evolución ha sido favorable, los médicos reconocen que su fragilidad física, junto al deterioro cognitivo, dificulta enormemente su capacidad para afrontar un juicio oral extenso.
Permitir su intervención remota no pone fin al debate sobre su participación: sigue pendiente decidir si su estado de salud justifica su exclusión definitiva del proceso judicial, un asunto fundamental para la defensa y la acusación. Se prevé que la Audiencia Nacional evalúe con detenimiento hasta qué punto se puede continuar el proceso sin vulnerar los derechos de un acusado con limitaciones significativas.
