La sentencia del Tribunal Supremo que condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por revelar datos confidenciales y a una multa de 7.200 euros ha provocado un intenso debate político y acelerado el proceso para designar a su sucesor. El Ejecutivo ha anunciado que nombrará un nuevo fiscal general en breve, mientras que la oposición intensifica sus críticas.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, calificó la resolución como un momento decisivo, señalando que el Supremo sanciona al fiscal por una conducta incompatible con su puesto. Añadió que quien tenía la responsabilidad de perseguir los delitos fue quien los cometió. Feijóo destacó que la independencia de poderes se ha visto seriamente afectada y acusó a García Ortiz de actuar como un instrumento en la estrategia política del Gobierno contra el PP.
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Por su parte, la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, solicitó la dimisión del presidente Pedro Sánchez. Asimismo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, resaltó la repercusión internacional de la decisión judicial, afirmando en redes sociales que la prensa extranjera informa ampliamente sobre lo sucedido en España.
Desde el Gobierno, varios ministros manifestaron su descontento por la condena, aunque el ministro de Justicia, Félix Bolaños, instó a mantener la confianza en las instituciones y subrayó que las discrepancias con la sentencia no deben generar desconfianza hacia la justicia.
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, interpretó la resolución como un mensaje político, indicando que ‘Ayuso no se toca’.
Mientras se prepara el cambio en la Fiscalía General, esta sentencia aumenta la tensión y vuelve a poner en el centro del debate la relación entre la política y la justicia en España.
