A las seis de la mañana, José, de 50 años, ya está al mando de la cosechadora que recolecta las hojas de tabaco en la finca de Dioni Sánchez, agricultor y representante de la tercera generación familiar dedicada a esta labor en la comarca. En esta campaña, la producción ha alcanzado un volumen récord de 22.863.825 toneladas, un aumento del 15% respecto al año anterior, aunque las perspectivas a futuro del sector son inciertas.
En Extremadura se concentra el 98% del cultivo de tabaco del país, distribuyéndose entre 851 agricultores en unas 6.300 hectáreas. Esta actividad genera el 35,6% del empleo agrícola regional, con 2.100 puestos de trabajo directos y una cantidad similar en empleos indirectos. En total, alrededor de 20.000 familias se ven beneficiadas, y se aporta un valor añadido que supera los 69 millones de euros.
Desde una distancia superior a 1.500 kilómetros, en Ginebra, la COP11 ha discutido la propuesta formulada por la OMS que plantea eliminar todas las ayudas destinadas al cultivo de tabaco. En Extremadura, estas subvenciones representan aproximadamente 19 millones de euros anuales, esenciales para que los productores puedan mantener su rentabilidad. «La eliminación de estas ayudas podría suponer el fin de esta producción», advierte Ángel García Blanco, presidente de Asaja Extremadura. Por su parte, la UPA señala que se perderían empleos, innovación y dinamismo en las localidades afectadas.
La amenaza afecta también a otras regiones como Canarias y Cantabria, donde existen plantas procesadoras en Tenerife y Altadis que dan empleo a 5.800 personas. A nivel nacional, el sector genera 31.210 puestos laborales y mueve 3.755 millones de euros, según datos de la consultora Afi.
El alcalde de Jarandilla de la Vera, Fermín Encabo, resalta que la desaparición del cultivo supondría un problema serio para la subsistencia de la comarca: «El turismo por sí solo no es suficiente para mantener a la población. Se trata de un proceso de pérdidas difícil de prever en su alcance». De manera similar, Roberto Baños, alcalde de Talayuela, declara: «El tabaco es un motor económico fundamental; sin él, la situación sería grave».
En la zona, el cultivo ha implementado avances tecnológicos como el secado con biomasa y mantiene empleos femeninos y especializados. Sin embargo, persisten retos como la falta de relevo generacional y la dificultad para encontrar mano de obra cualificada.
Ante la incertidumbre, algunos agricultores conservan la esperanza. Por ejemplo, Dioni Sánchez ha aprobado un proyecto para un centro de secado con capacidad para 900.000 kilogramos, con una inversión de 8 millones de euros, enviando un mensaje de resistencia al COP11: «Seguiremos adelante».
