La Comisión Europea ha modificado inesperadamente su estrategia respecto a la política automovilística, proponiendo flexibilizar la prohibición total de los coches de combustión prevista para 2035. Según esta iniciativa, la fabricación de vehículos de gasolina y diésel continuaría en los países de la Unión Europea, con la posibilidad de exportarlos fuera del bloque, aunque se restringiría su comercialización en el mercado interno. Este cambio refleja las primeras dudas claras de Bruselas frente a las metas ambientales más estrictas.
En este escenario, Teresa Ribera, Vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, se ve en una situación complicada. Durante su gestión como Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico en España, Ribera apoyó medidas contundentes contra los coches de combustión. En 2018 afirmó que “el diésel tiene los días contados” y el año pasado sostuvo que la UE no consideraba modificar ni retrasar la prohibición para 2035.
El anuncio de Bruselas ha generado discrepancias con el Gobierno español. La ministra de Transición Energética, Sara Aagesen, manifestó su oposición a cualquier retraso en la prohibición, mientras que el presidente Pedro Sánchez calificó la medida como un “error histórico”. Además, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, destacó que el vehículo eléctrico ya es una realidad y mencionó que estudios recientes indican que los precios de ambos tipos de vehículos podrían igualarse en 2026.
Aunque la propuesta no es todavía definitiva, supone un ajuste considerable en las metas climáticas de la UE. Hasta ahora la intención era eliminar el 100 % de las emisiones de CO2 del sector automotriz para 2035; con la nueva regulación se permitiría un margen del 10 %, estableciendo un objetivo de reducción del 90 %.
Con esta modificación, Teresa Ribera enfrenta un dilema: avalar desde la Comisión Europea decisiones que contrastan con algunas de sus iniciativas anteriores y asumir un revés respecto a las expectativas generadas durante su periodo al mando de la política ambiental en España.
