La Audiencia Nacional ha decidido otorgar una indemnización de 25.200 euros a un agricultor de Almería que estuvo 224 días en prisión provisional tras ser acusado de varios delitos relacionados con violencia de género, de los cuales fue absuelto posteriormente. El tribunal reconoció el daño moral y económico ocasionado por la privación de libertad, determinada en junio de 2021 por el Juzgado de Instrucción n.º 2 de Berja.
El hombre estuvo encarcelado durante siete meses y medio antes de recibir una sentencia absolutoria dictada por el Juzgado de lo Penal n.º 3 de Almería, que ordenó su liberación inmediata. Tras esta decisión, su defensa, liderada por el abogado Francisco Ferre, presentó un recurso por funcionamiento irregular de la Administración de Justicia, que fue parcialmente aceptado por la Sección Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
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El tribunal estableció una indemnización de 15.000 euros por la estancia en prisión, asignando 4.800 euros a la compensación por daño moral experimentado. La resolución destaca las repercusiones personales y familiares que sufrió el afectado durante su reclusión.
La defensa calificó su encarcelamiento como una situación “injusta y evitable”, señalando la solicitud reiterada y rechazada de medidas alternativas a la prisión preventiva. El abogado solicitó una compensación mayor, de 33.600 euros, que finalmente fue denegada por la Sala.
Además del daño moral, la Audiencia Nacional reconoció un lucro cesante de 10.200 euros más intereses, correspondiente a los ingresos que el agricultor no percibió por no poder trabajar durante el tiempo en prisión. Este cálculo se fundamenta en su declaración de la renta de 2021. Inicialmente, la defensa reclamaba 55.600 euros al considerar que el encarcelamiento le impidió atender la campaña agrícola de melón y sandía.
El tribunal rechazó otras reclamaciones —que sumaban aproximadamente 97.000 euros— como los gastos legales o los desplazamientos familiares para visitarle en prisión, considerando que no eran indemnizables en este proceso o que no estaban suficientemente acreditados.
Según declaraciones de su abogado a Canal Sur, la denuncia que llevó a la prisión preventiva habría encubierto otro episodio distinto al originalmente denunciado. Además, el letrado indicó que en la provincia la prisión provisional se aplica con relativa frecuencia en casos de violencia de género o tráfico de drogas.
Datos del Consejo General del Poder Judicial muestran que más del 15 % de las personas en prisión en España se encuentran en prisión preventiva, una medida cautelar excepcional que implica encarcelar a personas que aún no han sido juzgadas.
