La Guardia Civil ha iniciado una campaña para inspeccionar individualmente más de 18.800 armas de alarma y señales, conocidas como pistolas detonadoras, en España. El propósito es evitar su transformación en armas de fuego auténticas. Esta iniciativa se extenderá hasta febrero de 2027.
Estas armas, que a menudo se confunden con armas de fuego debido a su aspecto, pueden ser adquiridas por cualquier persona mayor de edad que justifique su uso en actividades específicas como cine, deporte, adiestramiento canino profesional o artes escénicas. Aunque los cartuchos solo producen el sonido de la percusión sin proyectiles, existe preocupación por su posible alteración ilegal.
El teniente coronel Miguel Ángel Quesada, de la Intervención Central de Armas y Explosivos (ICAE), explicó en una entrevista con EFE que esta medida responde a la creciente preocupación en Europa por el aumento de detonadoras manipuladas, sobre todo en algunos países balcánicos, donde se han identificado casos de conversión a armas reales.
En este contexto, la Unión Europea ha conformado un grupo de expertos que estudia medidas para dificultar estas modificaciones y endurecer las penas. España, a través de la ICAE, participa en este grupo y ha optado por anticiparse mediante una campaña de control nacional.
La inspección será detallada. Los agentes verificarán la documentación de los titulares, el estado de las armas y la actividad de los comercios autorizados para su venta. Las armerías y tiendas de deportes deben informar a la Guardia Civil de todas las transacciones de este tipo de armas en un plazo máximo de quince días.
Se está contactando a los propietarios para confirmar que mantienen la titularidad de las pistolas detonadoras y que continúan usándolas para las actividades justificadas. En caso de no poder acreditarlo o de detectarse manipulación, el arma será confiscada.
Por el momento, la Guardia Civil no ha registrado la entrada en España de detonadoras convertidas, pero comparte la inquietud europea sobre la posible utilización de estas armas por parte de organizaciones criminales o relacionadas con el narcotráfico.
Esta iniciativa se suma a otras recientes en el control de armas. En 2025, la Guardia Civil realizó inspecciones tras detectar la falsificación de certificados para obtener licencias de tiro deportivo, un fraude que finalmente se confirmó como un caso particular ocurrido en 2024.
Asimismo, la ICAE ha establecido un punto focal nacional para centralizar el intercambio de información con otros países europeos. Este organismo recopila datos sobre armas incautadas, analiza el tráfico ilegal y apoya investigaciones policiales en colaboración con Europol e Interpol.
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