La Sala de lo Penal impuso a Álvaro García Ortiz, fiscal general, la sanción máxima por un delito de revelación de secretos al divulgar información confidencial vinculada al caso fiscal de Alberto González Amador.
El Tribunal Supremo ha dictado una resolución relevante: Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, ha sido castigado con dos años de inhabilitación especial y una multa de 7.200 euros debido a un delito de divulgación indebida de secretos por la filtración de un correo electrónico donde Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, admitía fraude fiscal y proponía un acuerdo con la Fiscalía. La sentencia contempla asimismo una compensación de 10.000 euros para la parte perjudicada.
La resolución se produce tras meses de debate político y judicial. Se concluye que García Ortiz fue responsable de filtrar dicho correo a los medios la noche del 13 de marzo de 2024, mientras que la Fiscalía se preparaba para responder a rumores y mensajes difundidos desde el entorno de la presidenta madrileña. El tribunal determinó que el fiscal general desempeñó un papel esencial en esta filtración.
Una decisión no unánime en el Tribunal Supremo
La sentencia no contó con unanimidad. En la Sala de lo Penal hubo dos votos discrepantes, pertenecientes a las magistradas Susana Polo y Ana Ferrer, quienes se pronunciaron por la absolución. Inicialmente Polo fue la ponente, pero al quedar en minoría cedió la redacción final al presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta. El texto definitivo se publicará en los próximos días.
La inhabilitación no comenzará inmediatamente; entrará en vigor al notificarse la sentencia completa, lo que implicará la finalización obligatoria de García Ortiz en la Fiscalía General del Estado.
Un proceso judicial marcado por la ausencia de evidencias directas
El juicio, concluido para sentencia el 13 de noviembre tras seis sesiones intensas, se centró en la existencia o no de pruebas que acreditaran que el fiscal general ordenó divulgar el correo. Durante su declaración, García Ortiz negó rotundamente haber filtrado o autorizado la filtración del documento:
“No, no he sido yo quien lo ha hecho llegar”, afirmó.
La Abogacía del Estado defendió una postura semejante: “No existe ningún indicio ni prueba que demuestre que el fiscal general ordenara la difusión de ese correo”.
García Ortiz argumentó además que la Fiscalía no actuó en perjuicio de González Amador y que las acciones realizadas aquella noche tenían como objetivo preparar una nota oficial para desmentir los rumores que afirmaban que la institución había retirado un posible pacto por supuestas «órdenes superiores».
El rol del entorno de Ayuso y los rumores analizados en el juicio
Parte del proceso se enfocó en determinar si el correo era verdaderamente confidencial al momento de la filtración o si ya había sido divulgado desde el círculo cercano a González Amador. Los magistrados examinaron si el comisionista habría quebrantado la confidencialidad al enviar un mensaje a Miguel Ángel Rodríguez (MAR), jefe de gabinete de Ayuso, quien luego distribuyó la información a numerosos periodistas.
Durante la vista, Rodríguez reconoció haber difundido datos falsos sobre el supuesto acuerdo fiscal. “No cuento con ninguna fuente”, declaró ante los jueces, admitiendo haber hecho acusaciones sin evidencia. También afirmó, sin pruebas, que “Hacienda impidió llegar a un acuerdo”.
Estos elementos crearon un contexto judicial marcado por controversias, interpretaciones políticas y esfuerzos por esclarecer cómo llegó efectivamente la información a los medios.
Una resolución con importante repercusión institucional
La condena a García Ortiz supone un impacto significativo en el Ministerio Público, afectando directamente a su cabeza principal. La inhabilitación de dos años lo excluye de cualquier función fiscal, incluido su cargo al frente de la institución. La sentencia establece un precedente relevante sobre el manejo interno de información reservada y el uso de documentos oficiales en contextos de confrontación política.
Tras la notificación oficial, se iniciará el proceso para designar a un nuevo fiscal general, en un momento de elevada tensión entre las instituciones estatales.
