Madrid. El Tribunal Supremo ha solicitado al Parlamento Europeo que levante la inmunidad del eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Alvise Pérez, para investigarlo por un supuesto delito de financiación irregular relacionado con su campaña a las elecciones europeas.
Según fuentes jurídicas, el alto tribunal prepara un suplicatorio en el que se menciona una presunta entrega de 100.000 euros en efectivo por parte de un empresario vinculado a la campaña electoral.
La decisión del Supremo contradice el informe oficial de la Presidencia del Parlamento Europeo y de su Comisión de Ética, que en mayo certificaron expresamente que “no existía indicio alguno de corrupción, financiación irregular o uso indebido de fondos” en la actuación de Pérez.
Aquel dictamen, refrendado por la presidenta Roberta Metsola, consideró que las denuncias presentadas contra el eurodiputado eran “infundadas” y que Se Acabó La Fiesta cumplió con todos los requisitos financieros exigidos por la normativa comunitaria y la Junta Electoral Central española.
Fuentes cercanas al Parlamento recuerdan que el procedimiento interno “ya se dio por cerrado” y que no existen actualmente procedimientos abiertos en Bruselas contra Pérez.
Desde el entorno del líder de SALF, que el pasado 12 de octubre congregó a miles de personas en el Palacio de Vistalegre, se limitan a señalar que “España asiste de nuevo a un intento de criminalizar la disidencia política desde las instituciones que deberían velar por la justicia y no por los intereses del sistema”.
La decisión del Supremo podría abrir un nuevo conflicto institucional entre Madrid y Bruselas si el Parlamento se niega a levantar la inmunidad, amparándose en el principio de cosa juzgada ética y la inexistencia de pruebas objetivas de delito.
VOX y el PP ya han afirmado que votarán a favor de que el Supremo juzgue a Alvise Pérez, independientemente del dictamen absolutorio europeo, “no intercederemos con la justicia”.
