Rachid Sbihi
La semana pasada, el diario El Mundo anunció la apertura de una investigación a varios efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) perteneciente al Cuerpo Nacional de Policía. Se les acusa presuntamente de haber proferido insultos racistas contra el guardia civil Nebil Mohamed Amarouch en una cafetería de Melilla, ante la presencia de su esposa y sus hijos menores. Posteriormente, el mismo medio publicó una extensa entrevista con Amanda, la pareja del agente afectado.
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En mi opinión, no se trata de un incidente aislado ni de una simple falta verbal. Esto representa una alarma más dentro de un problema creciente.
El fenómeno que atravesamos no es puntual, sino un proceso de deterioro social donde el racismo progresa, se acepta con normalidad y se muestra abiertamente, generando preocupación e indignación en la ciudadanía.
Las ciudades de Ceuta y Melilla funcionan como indicadores sociales, identificando antes que otros lugares las divisiones, los discursos de odio y las tensiones identitarias. Actualmente, lo observado es alarmante: aumento de la polarización, lenguaje más radicalizado y mayor tolerancia hacia el desprecio al diferente.
El racismo se manifiesta de forma explícita y en demasiadas ocasiones queda impune. Quienes lo sufren perciben una sensación preocupante de falta de consecuencias sociales o legales.
Cuando estas conductas están supuestamente relacionadas con miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el daño se multiplica. No solo se afecta a personas específicas, sino que se compromete la credibilidad de instituciones cuya función es proteger derechos, no ponerlos en duda.
El uniforme no otorga impunidad; por el contrario, demanda un nivel de ejemplaridad superior.
La presunción de inocencia es un principio fundamental del Estado de Derecho. Sin embargo, no debe ser utilizada como excusa para la inacción. Actuar diligentemente e investigar con prontitud son deberes ineludibles dentro de una democracia.
Es irresponsable minimizar, relativizar o ignorar cómo el racismo penetra en ámbitos donde nunca debería estar presente.
Además, sería falso pensar que el problema se restringe a un grupo o cuerpo policial específico. El racismo crece en la sociedad española, en la calle, en las redes sociales, en discursos públicos y en algunos medios de comunicación, alimentado por desinformación, mentiras y bulos con responsables concretos.
Existen pseudo-periodistas y medios que han renunciado a la ética profesional para fomentar la intoxicación informativa. Construyen relatos falsos, manipulan datos y responsabilizan a colectivos enteros, contribuyendo a la polarización social. Cada titular incendiario o bulo sin contrastar produce efectos reales.
Este ambiente no existiría sin el apoyo de ciertos sectores políticos que utilizan el racismo con fines electorales, ni sin la complicidad de quienes les ofrecen espacios para difundir sus mensajes.
Cuando el odio se convierte en discurso común y la mentira en objeto de debate, la democracia se deteriora profundamente.
No obstante, la reacción ciudadana en Melilla revela que una parte importante de la población rechaza este rumbo. Reclaman respuestas rápidas y ejemplares, no con ánimo punitivo sino para preservar la democracia, pues una sociedad dividida y desinformada es más vulnerable e injusta.
Denunciar el racismo no es atacar a las fuerzas de seguridad, sino protegerlas frente a quienes las emplean como escudo para alimentar la intolerancia. El silencio no beneficia a las instituciones, sino a quienes las dañan desde dentro.
El racismo ha dejado de ser marginal; está en aumento, se normaliza y en algunos casos se institucionaliza. Ante esta realidad, no caben equidistancias ni silencios cómodos. Porque si el odio crece y nadie lo frena, la democracia no solo se daña, se quebranta.
En este contexto, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) comete un nuevo error.
El respaldo público del SUP a los agentes de la UIP investigados por presuntos insultos racistas hacia un guardia civil es más que un fallo ético; es un mensaje preocupante. En vez de mantener prudencia, respeto institucional y defender valores democráticos, el sindicato opta por un corporativismo que justifica conductas presuntamente inapropiadas bajo la excusa de proteger al compañero, aunque se afecten la dignidad de una persona y la imagen de todo un cuerpo.
Es importante destacar que los hechos aún están por esclarecerse y que la presunción de inocencia es incuestionable para los policías implicados.
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Recibe las alertas de última hora directamente en tu móvil.
UNIRME GRATIS AL CANALPor esta razón, resulta injustificable la rápida y tajante postura del SUP, que incluso ofreció apoyo jurídico inmediato a los agentes involucrados.
Surge la duda sobre si el sindicato actuaría igual en casos relacionados con narcotráfico o violencia de género, o si acaso esperaría a aclarar los hechos antes de pronunciarse.
Los sindicatos policiales y asociaciones profesionales deberían evitar declaraciones apresuradas en situaciones que involucran a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, especialmente cuando estas solo contribuyen a socavar la confianza institucional y alimentar la polarización.
No hablamos de una discusión trivial ni de un malentendido, sino de presuntos insultos racistas a un agente activo de la Guardia Civil. En ciudades tan sensibles como Ceuta y Melilla, donde la convivencia y el respeto a la diversidad son fundamentales, es necesaria la mesura y responsabilidad.
Más preocupante aún ha sido la reacción del SUP ante las declaraciones firmes de la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh Abdelkader. Que un representante estatal se manifieste frente a conductas racistas debe considerarse un deber institucional, no una provocación, pero el sindicato optó por atacar sus palabras y posicionarse como víctima, fomentando un clima de confrontación inútil.
Curiosamente, el SUP no se pronunció respecto a comentarios similares hechos por el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda.
Este episodio está vinculado a divisiones internas en el SUP, evidenciadas meses atrás. En agosto de 2024, la firma de un acuerdo con Daniel Esteve, fundador de Desokupa, para impartir formación en defensa personal, generó una crisis inédita con bajas, renuncias y comunicados críticos. Se dividió la base del sindicato entre quienes vieron el convenio como una traición a valores democráticos y quienes lo justificaron como colaboración operativa.
La figura de Daniel Esteve, frecuentemente señalada por declaraciones racistas y violentas, llevó a muchos afiliados a considerar que el sindicato había cruzado una línea.
Esta decisión dañó la imagen del SUP y mostró la desconexión entre su dirección, el Ministerio del Interior y parte de sus miembros.
No se trata de atacar a los agentes ni cuestionar su labor, que en la mayoría es profesional y vital para la convivencia. Se trata de exigir responsabilidad a sus representantes. Defender derechos laborales no puede servir para justificar conductas incompatibles con valores constitucionales ni para intervenir imprudentemente en investigaciones en curso.
El racismo, presente o tolerado, no debe encontrar refugio en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ni en sus organizaciones representativas.
Nuevamente, el SUP parece situarse en un lugar que no solo divide a la sociedad, sino que fractura la institución policial y daña la confianza que debe preservar.
