El PSOE advierte sobre el posible impacto que podría ocasionar cualquier filtración proveniente de los dispositivos incautados por la UCO —incluyendo un portátil vinculado a los intermediarios de la reunión— y exige garantías en cuanto a la custodia de esa información.
El PSOE ha expresado su inquietud creciente ante la posibilidad de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil mantenga datos sensibles relacionados con una presunta reunión entre el presidente Pedro Sánchez y el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que habría tenido lugar en 2018. Durante una reciente operación judicial, se intervinieron varios dispositivos, entre ellos un portátil asociado a los intermediarios de dicho encuentro, generando preocupación en el partido.
Te puede interesar
Existe temor de que la UCO posea pruebas relevantes que incluyan detalles sobre fechas, asuntos tratados y la naturaleza del supuesto encuentro entre Sánchez y Otegi, lo que podría generar desconfianza tanto en el ámbito político como social. Si bien Sánchez y su equipo han negado que esta reunión se produjera, la especulación y el debate acerca de su posible contenido continúan aumentando la presión política.
Dentro del PSOE, algunos dirigentes han manifestado su inquietud respecto a las consecuencias que podría tener que estos datos, actualmente bajo custodia de la UCO, sean empleados como pruebas en futuras investigaciones judiciales. La divulgación de información sensible podría afectar negativamente la imagen tanto del partido como del presidente y provocar una crisis política en un momento de elevada tensión institucional.
Ante esta situación, miembros del PSOE han solicitado garantías sobre el manejo y la custodia de estos datos, reclamando transparencia en el acceso a la información contenida en los dispositivos intervenidos. La preocupación principal es que cualquier filtración pueda reavivar la controversia en torno a supuestos acuerdos entre el Gobierno y EH Bildu, que podrían interpretarse como compromisos políticos ocultos, dañando la credibilidad del Ejecutivo.
Por otra parte, la oposición ha reclamado explicaciones públicas sobre el alcance de la investigación, así como una revisión minuciosa de los documentos confiscados. La presión aumenta ante la posibilidad de que, si se confirma la existencia de la reunión, se reactive el debate sobre la transparencia del Ejecutivo y posibles pactos secretos.
Este caso pone de relieve la importancia de la seguridad en el manejo de datos judiciales y pruebas sensibles en investigaciones con impacto directo en la política nacional, generando un clima de incertidumbre y tensión para el Gobierno de Sánchez.
