El Ejecutivo del PSOE ha asignado 2,3 millones de euros para impulsar la “transformación digital” del gobierno de Cuba, una medida que ha provocado críticas por el uso de recursos públicos en el extranjero cuando España mantiene importantes necesidades sociales, económicas y de servicios esenciales.
La cooperación internacional está nuevamente en el centro del debate político. El gobierno liderado por el PSOE ha aprobado un presupuesto considerable para modernizar las infraestructuras digitales del Estado cubano, un sistema que enfrenta cuestionamientos debido a su limitado respeto por las libertades y el control estricto de la información y la población.
Esta resolución genera especial controversia en un momento en que España presenta desafíos estructurales significativos: saturación de las listas de espera en sanidad, insuficiente inversión en atención primaria, déficit de vivienda pública, precariedad laboral, y escasez de recursos en dependencia y servicios sociales en diversas comunidades autónomas.
Los críticos se cuestionan por qué el gobierno prioriza la digitalización administrativa externa mientras miles de españoles aguardan meses para intervenciones médicas, jóvenes enfrentan dificultades para acceder a una vivienda digna, y ayuntamientos demandan fondos para servicios básicos. Por estos sectores, la financiación a Cuba simboliza una desconexión entre el discurso social del PSOE y sus decisiones presupuestarias.
Asimismo, genera preocupación la naturaleza del beneficiario. No se trata de una ONG independiente ni de un proyecto humanitario, sino de una inversión en las estructuras estatales de un régimen autoritario. Expertos señalan que estas ayudas podrían fortalecer el control político y tecnológico del Estado cubano, en lugar de beneficiar la calidad de vida de sus habitantes.
Desde el entorno socialista se justifica esta acción apelando a la cooperación internacional y compromisos con programas europeos. Sin embargo, esta justificación no convence a quienes consideran que la solidaridad debería centrarse primero en las necesidades nacionales, y que no resulta ético financiar gobiernos extranjeros mientras se congelan o recortan recursos esenciales dentro de España.
Este debate no es novedoso, pero se intensifica: ¿hasta qué punto un gobierno puede promover políticas sociales mientras envía fondos importantes al exterior sin resolver las prioridades internas? Para una parte significativa de la población, estas decisiones alimentan la percepción de que el PSOE prioriza una agenda internacional antes que los problemas reales del país.
Un debate político y ético presente
El apoyo económico a Cuba plantea no solo un desafío financiero sino también político y ético. En un contexto de inflación, presión fiscal y disminución de los servicios públicos, cada euro tiene relevancia. Y cuando esos recursos se destinan al exterior ante la falta dentro, surgen críticas justificadas.
Si bien la cooperación internacional es esencial, no debe ser una excusa para descuidar las necesidades nacionales. Esa es la línea que, según sus detractores, el PSOE ha cruzado nuevamente.
La aportación millonaria para la digitalización del régimen cubano reabre un debate delicado para el gobierno: el de las prioridades. Mientras España enfrenta problemas urgentes que afectan a millones, la administración elige financiar proyectos externos cuyo impacto social es discutible. Esto refuerza los cuestionamientos sobre si el PSOE se enfoca más en su proyección internacional que en las demandas internas.
