El PSOE y el Ejecutivo han mostrado un frente común en la defensa de José Luis Ábalos frente al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, quien manifestó su sorpresa por la permanencia del exministro socialista como diputado, a pesar de estar imputado y existir, según el juez, indicios sólidos de criminalidad.
Las declaraciones del magistrado, que propuso una revisión del Reglamento del Congreso, han generado críticas en el Gobierno y en el PSOE, quienes acusan a Puente de extralimitarse y de no respetar la separación de poderes.
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Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, fue claro al afirmar que “los jueces deben aplicar las leyes, no opinar sobre ellas”. Asimismo, denunció una “respuesta corporativista” del poder judicial ante cualquier cuestionamiento y rechazó la idea de reformar el Reglamento solo por iniciativa de un juez.
El artículo 21 del Reglamento del Congreso establece que un diputado puede perder sus derechos solo si se cumplen tres requisitos: que el Congreso autorice el suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo, que exista un auto firme de procesamiento y que el diputado esté en prisión preventiva. En el caso de Ábalos, solo se cumple el primero, por lo que mantiene su escaño y plenos derechos parlamentarios.
Desde el Ejecutivo, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, respaldaron la posición del PSOE, haciendo hincapié en el respeto a los límites entre los poderes del Estado. Más directa fue la postura del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien insistió en la importancia de salvaguardar la presunción de inocencia: “¿Cómo puede exigirse que alguien no juzgado ni condenado renuncie a su escaño?”.
El juez Puente, por su parte, se limitó a proponer un debate institucional: “Modificar las normas no es función del Poder Judicial; corresponde aplicarlas, no modificarlas”, señaló en su resolución.
Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, vicepresidente del Congreso, descartó posibles cambios en el Reglamento, afirmando que la Mesa “no contempla modificaciones”. Además, recordó que cualquier reforma requeriría mayoría en el Pleno y no una decisión unilateral.
Las reacciones de otros partidos fueron variadas. Águeda Micó (Compromís) opinó que Ábalos debería haber dimitido inmediatamente y defendió la revisión de los aforamientos para evitar que los diputados utilicen el escaño como cobertura para la inmunidad parlamentaria.
El Partido Popular aprovechó la controversia para criticar al Gobierno. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, expresó compartir la sorpresa del juez y calificó de “paradójico” que Pedro Sánchez considere a su Ejecutivo “uno de los más decentes de Europa” mientras mantiene en su grupo parlamentario a exministros como Ábalos.
En el centro del debate, el PSOE sostiene que la cuestión no es proteger a Ábalos sino mantener la independencia del Legislativo frente a posibles intromisiones judiciales.
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