El Partido Popular está preparando una serie de reformas legales enfocadas en combatir los delitos sexuales. Alberto Núñez Feijóo, líder del partido, anunció que presentarán en el Congreso una iniciativa para expulsar de forma automática a migrantes condenados por delitos sexuales. Esta medida responde a la prioridad de “reforzar la seguridad y la protección de las víctimas”.
Feijóo justificó esta propuesta señalando que las denuncias por agresiones y abusos sexuales han crecido un 61%, según datos que el PP atribuye a registros oficiales recientes, aunque no especificó el periodo exacto ni la fuente. Aseguró que este aumento requiere “una respuesta firme del Estado y un consenso político que deje de mirar hacia otro lado”.
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Endurecimiento de penas y nuevas medidas preventivas
La iniciativa del PP va más allá de la expulsión de condenados extranjeros. Feijóo adelantó que su grupo propondrá una reforma del Código Penal para aumentar las sanciones en casos de agresiones sexuales, sobre todo cuando haya violencia física, reincidencia o ataques en grupo.
También se busca fortalecer los mecanismos de seguimiento de agresores sexuales tras cumplir condena para evitar la reincidencia. Entre estas acciones se considerarían mejoras en el control telemático, una mayor colaboración entre administraciones y programas específicos y obligatorios de reinserción.
Argumentos y posicionamiento político
Feijóo enfatizó que la expulsión solo aplicaría a personas con sentencia firme, y aclaró que “no se intenta criminalizar a ningún colectivo”, sino tomar medidas contundentes contra quienes cometan delitos graves. Destacó que España debe mantenerse “como un país acogedor, pero que también proteja sin reservas a las mujeres”.
Este anuncio forma parte de la estrategia del PP para posicionarse como alternativa en seguridad ciudadana y política migratoria. El presidente popular criticó la respuesta “insuficiente” del Gobierno ante el aumento de denuncias por agresiones sexuales y afirmó que su partido apuesta por “una política de tolerancia cero”.
Reacciones y siguientes pasos
Las propuestas serán formalizadas en una ley que el PP presentará próximamente en el Congreso. Desde el partido confían en que la iniciativa genere debate y atraiga apoyos de otros grupos, aunque reconocen que la expulsión automática podría ser motivo de controversia.
Hasta ahora, otras formaciones políticas no se han manifestado oficialmente sobre esta propuesta. Organizaciones de derechos humanos y colectivos de apoyo a migrantes han señalado en ocasiones anteriores que la expulsión automática tras una condena podría entrar en conflicto con garantías jurídicas y principios constitucionales, y que estas decisiones deberían evaluarse individualmente.
A la espera del texto definitivo, esta propuesta abre un nuevo debate político sobre seguridad, justicia penal y política migratoria en España.
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