La dimisión de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado ha generado nuevamente un debate político en España. Ester Muñoz, portavoz del Partido Popular en el Congreso, expresó en la red social X que “cesar por imperativo legal no equivale a dimitir; en realidad, te han expulsado por dimitir”, defendiendo al exfiscal general.
Desde el Ejecutivo, aunque se respeta la decisión del Tribunal Supremo, no se comparte. La ministra portavoz, Pilar Alegría, indicó que respetan el fallo pero no están de acuerdo “en absoluto”, y añadió que esta resolución se emitió “sin proporcionar justificación alguna”.
Por otro lado, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, resaltó la inocencia de García Ortiz y llamó a la ciudadanía a movilizarse “por la democracia”, un mensaje que ha tenido amplia repercusión política.
Simultáneamente, la Audiencia Nacional inicia este lunes el juicio contra los hijos del matrimonio Pujol Ferrusola, acusados de presuntos delitos de corrupción relacionados con la fortuna familiar. Al mismo tiempo, continúa la incertidumbre sobre si el tribunal eximirá de responsabilidad al expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, debido a su estado de salud.
El caso de García Ortiz se suma a un contexto político caracterizado por la tensión entre el Gobierno, el Poder Judicial y la opinión pública, reavivando la discusión sobre los límites entre la renuncia y el cese por imperativo legal en cargos de alta responsabilidad.
