El Frente Polisario ha incrementado sus críticas hacia España y la Unión Europea tras la reciente Reunión de Alto Nivel entre Madrid y Rabat. Brahim Ghali, presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y secretario general del Polisario, solicitó que la UE cese de “eludir de forma vergonzosa” las sentencias de su propio Tribunal de Justicia y demandó a España que asuma su responsabilidad como potencia administradora de iure del Sáhara Occidental, en lugar de plegarse “de manera humillante al chantaje de Marruecos”.
Estas afirmaciones tuvieron lugar en la apertura de la octava sesión ordinaria del Secretariado Nacional del Frente Polisario, que coincidió con la aplicación provisional del nuevo acuerdo comercial entre la UE y Marruecos, que extiende las preferencias arancelarias a productos originarios del Sáhara Occidental.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló en octubre de 2024 el acuerdo agrícola por la falta de consentimiento del pueblo saharaui. Sin embargo, un año después, los Estados miembros aprobaron, por votación escrita y sin debate, una versión revisada que mantiene las ventajas comerciales y busca eludir las exigencias de etiquetado establecidas por la justicia comunitaria.
El Polisario anunció una nueva ofensiva legal contra Bruselas. Oubbi Buchraya, asesor especial de Ghali en recursos naturales y asuntos legales, confirmo que presentarán un recurso ante el Tribunal General de la UE durante este mes, enfocado en la aplicación provisional del acuerdo modificado. Según Buchraya, el proceso de negociación “es inexplicable”, dado que la Comisión Europea logró la aprobación el 10 de septiembre y confirmó el acuerdo apenas cinco días después, lo que sugiere diálogos discretos con Rabat antes de la sentencia de 2024.
Además, el asesor saharaui criticó que los Estados miembros hayan recurrido a una votación escrita que evita el debate político y que el Parlamento Europeo fuera excluido mediante la figura de aplicación provisional. También censuró el uso del concepto de “consentimiento implícito” para justificar un acuerdo que, en su opinión, contraviene el derecho internacional, y destacó la utilización de denominaciones administrativas marroquíes para nombrar territorios del Sáhara Occidental ocupados por Marruecos, “adoptando el lenguaje de la ocupación”, según señaló.
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