El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha puesto en marcha un procedimiento disciplinario contra un magistrado de una Audiencia Provincial tras detectarse que empleó inteligencia artificial para elaborar el borrador de una sentencia. El juez enfrenta una propuesta sancionadora que incluye quince días de suspensión y una multa de 501 euros.
El caso, informado inicialmente por El Español, ha suscitado un debate sobre los límites del uso tecnológico en la administración de justicia, especialmente tras la instrucción aprobada por el CGPJ en enero pasado, que prohíbe expresamente que la IA sustituya la función jurisdiccional de los jueces.
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Un descuido en el proceso
El uso de esta herramienta tecnológica se descubrió debido a un error del propio magistrado. Según fuentes judiciales, el juez omitió eliminar del documento final las preguntas y consultas que había realizado a ChatGPT para obtener los argumentos de la resolución en la que era ponente.
Ricardo Gonzalo Conde, promotor de la acción disciplinaria, sostiene que el juez:
- Entregó una “sentencia aparente” basada en análisis generados por sistemas informáticos.
- Proporcionó a la IA actuaciones judiciales completas sin preservar la confidencialidad de los datos personales.
- Eludió su obligación de fundamentación propia, presentando el texto ante el tribunal sin informar sobre su origen.
Posiciones encontradas: sanción frente a archivo
En el proceso tampoco hay un consenso unánime dentro de las instituciones implicadas:
- El Promotor del CGPJ: Considera que se cometió una “infracción del más elemental deber judicial de dictar sentencia y de lealtad”, al reemplazar el razonamiento humano por un algoritmo.
- La Fiscalía: Propone el archivo del procedimiento sin imponer sanción, al entender que no se ha infringido ninguna falta disciplinaria tipificada.
Restricciones en el uso de IA para sentencias
Este expediente coincide con la reciente normativa del CGPJ emitida el 28 de enero, que establece que la IA nunca debe valorar hechos, pruebas ni aplicar el derecho de manera autónoma. El Consejo señala que cualquier uso de estas tecnologías debe estar sometido a un “control humano, real, consciente y efectivo”.
Asimismo, se recuerda a los miembros de la carrera judicial que sólo está permitido el uso de aplicaciones de IA supervisadas y autorizadas oficialmente por las administraciones judiciales o el órgano de gobierno de los jueces, con el fin de garantizar la confidencialidad y evitar sesgos.
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