Más de veinte organizaciones no gubernamentales alertan sobre redes que se aprovechan de las dificultades administrativas impuestas por algunos ayuntamientos. Señalan un «apartheid suave» que impide a miles de personas acceder a servicios básicos como atención médica, educación y ayudas sociales.
Un exhaustivo informe de 97 páginas publicado por la Coordinadora Estatal Padrón por Derecho revela una preocupante situación en España: la proliferación de un mercado negro de padrón municipal. Entidades como Oxfam, Red Acoge y Médicos del Mundo subrayan que las trabas establecidas para empadronarse están llevando a los colectivos más vulnerables —especialmente migrantes y personas sin hogar— a pagar cantidades elevadas a redes organizadas para obtener reconocimiento administrativo.
Redes de extorsión y anuncios encubiertos
El documento expone que los intermediarios recurren a plataformas de compraventa y a internet para promocionar habitaciones con «derecho a empadronamiento». El precio por este trámite no autorizado varía según la localidad y la urgencia, llegando hasta los 500 euros.
Este pago inicial no es el único coste; las ONG advierten que existen casos de extorsión permanente, donde se exigen pagos periódicos para renovar el empadronamiento bajo la amenaza de eliminar el registro, lo cual conllevaría la pérdida de antigüedad y derechos acumulados. Esta dinámica, definida como un «círculo vicioso de necesidad y aprovechamiento», se concentra especialmente en Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana.
Impacto de un «apartheid suave»
La ausencia de empadronamiento representa más que un obstáculo burocrático; supone una separación social que crea dos categorías de ciudadanos. Según las ONG, esta exclusión genera problemas graves en el sistema de bienestar:
- Salud Pública: Médicos del Mundo ha atendido a 28.700 personas que enfrentan dificultades para acceder a la sanidad, entre ellas casi 900 niños y 363 mujeres embarazadas.
- Vivienda y Educación: No contar con empadronamiento limita el acceso al alquiler formal y dificulta la escolarización de menores.
- Invisibilidad Legal: Sin este documento, los migrantes no pueden demostrar arraigo para regularizar su estatus, lo que les empuja hacia la economía sumergida y les impide denunciar delitos por miedo a la expulsión.
Municipios bajo sospecha
Las ONG responsabilizan indirectamente a algunas gestiones municipales por este mercado ilegal. Señalan que varios ayuntamientos «desinforman intencionadamente» y exigen requisitos no contemplados por la ley, como la presentación de escrituras de propiedad, o rechazan tramitar el empadronamiento en «domicilios ficticios», una alternativa legal para personas sin hogar.
También cuestionan las «verificaciones policiales intrusivas» y la saturación de citas, que dificultan y desaniman a las personas vulnerables a realizar el trámite por vías oficiales.
Un llamado a la acción
Con el fin de combatir esta actividad ilícita y proteger los derechos humanos, la Coordinadora solicita medidas urgentes por parte del Gobierno y las comunidades autónomas:
- Establecer un Observatorio del Empadronamiento para supervisar las prácticas municipales.
- Ejecutar una acción policial firme contra las redes que se benefician de la venta fraudulenta de registros.
- Implementar mecanismos sancionadores eficaces para los ayuntamientos que incumplan la normativa vigente.
- Desarrollar campañas informativas para difundir el derecho al padrón sin importar la situación habitacional.
«Se aprovecha el trabajo de estas personas mientras se les niega el reconocimiento social y jurídico», concluye el informe, que exige poner fin a una práctica que condena a miles de residentes a vivir en la invisibilidad dentro de su propia ciudad.
Únete al canal de WhatsApp de Más que al día
Recibe las alertas de última hora directamente en tu móvil.
UNIRME GRATIS AL CANAL
