El Tribunal Supremo restringe la transmisión completa del juicio sobre las mordidas de las mascarillas, autorizando solo fragmentos informativos, mientras el PP solicita 30 años de prisión.
El que podría considerarse el proceso político más destacado en España en los últimos años tendrá lugar sin transmisión en tiempo real para el público. El Tribunal Supremo ha emitido una resolución en la que descarta, de manera categórica, la emisión en directo, total o parcial, del juicio contra el exministro de Transportes, José Luis Ábalos.
A pesar de la gran importancia política y social del caso, el tribunal aplicará una medida similar a la empleada anteriormente con el Fiscal General, permitiendo únicamente una transmisión oficial que los medios podrán emplear para crear resúmenes informativos. Esto implica un corte en la cobertura continua de los acontecimientos en la sala desde el 7 hasta el 30 de abril.
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Los acusados de la denominada “trama Koldo”
El proceso juzga a la anterior dirección del Ministerio de Transportes en un contexto difícil durante la pandemia:
- José Luis Ábalos: La Fiscalía Anticorrupción pide una condena de 24 años de prisión, mientras que el Partido Popular, que ejerce como acusación popular, eleva la solicitud hasta 30 años. Se le acusa de utilizar su doble posición en el Gobierno y como Secretario de Organización del PSOE para obtener beneficios económicos.
- Koldo García: Su exasesor enfrenta una petición de pena de 19 años y medio.
- Víctor de Aldama: El intermediario cuya confesión ha sido fundamental para la investigación, afronta la condena más baja (7 años) debido a su cooperación con la Justicia.
80 testigos y testimonios escritos
Además de la relevancia de los acusados, el juicio destacará por la participación de numerosos altos cargos llamados a declarar sobre la adjudicación de contratos. No obstante, dos de los personajes más relevantes han optado por declarar mediante un procedimiento escrito:
- Francina Armengol (Presidenta del Congreso) y Ángel Víctor Torres (Ministro de Política Territorial) han solicitado declarar por escrito, evitando así la confrontación presencial y la exposición pública en el juicio.
La acusación sobre el “beneficio común”
La Fiscalía sostiene que los tres implicados se coordinaron para lograr un “beneficio económico común” a través de la captación de empresas por parte de Aldama, aprovechando el control administrativo ejercido por Ábalos desde el Ministerio.
Con la prohibición de la transmisión en directo, el Tribunal Supremo busca reducir el carácter mediático del proceso, aunque esta decisión ha generado críticas de quienes consideran que, tratándose de un caso de presunta corrupción que implica a altos niveles del Gobierno, debería garantizarse una mayor transparencia.
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