El juez Rubén Rus, titular del juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, dirige la investigación sobre el caso Montoro, que involucra al exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y personas de su entorno en una posible red de tráfico de influencias. Últimamente, el magistrado ha solicitado a las entidades bancarias toda la información financiera vinculada tanto a Montoro como a personas cercanas y a varias empresas implicadas.
Según el auto al que ha tenido acceso RTVE, hay cerca de veinte personas físicas y jurídicas bajo investigación. Esta medida tiene como objetivo esclarecer posibles conexiones económicas y transacciones que podrían respaldar las acusaciones formuladas.
Además, el juez autorizó a los Mossos d’Esquadra para acceder al Fichero de Titularidades Financieras, con el fin de identificar todos los productos bancarios relacionados con los investigados. Esto fue necesario al considerar insuficiente la información previamente obtenida de algunas entidades financieras.
El caso Montoro se centra en la sospecha de que el exministro y su antiguo despacho, Equipo Económico, habrían influido en la elaboración de leyes para favorecer intereses específicos, especialmente empresas del sector del gas. Se plantea que estas actuaciones podrían haber ido acompañadas de concesiones fiscales a medida, lo que equivaldría a un posible abuso de poder.
La investigación examina detalladamente la forma en que se efectuaron ciertos pagos. El juez ha detectado un patrón de fragmentación en las transferencias, observando que no todos los antiguos socios del despacho recibieron pagos proporcionales a su participación, lo que genera dudas sobre la coherencia de las operaciones.
La Agencia Tributaria investiga si la división de los pagos desde las empresas gasísticas tuvo como propósito dificultar su detección por parte de los organismos de control. Se calcula que alrededor de un millón de euros están en el centro de este examen, vinculados a reformas legislativas que beneficiaron a dichas empresas.
La Unidad Central Operativa (UCO), encargada de delitos económicos, indicó que se pagaron en total 673.500 euros al despacho de Montoro, y se sospecha que una parte significativa de esos fondos se destinó a gastos personales. Este hallazgo es clave para entender posibles irregularidades relacionadas con la gestión y regulación del sector energético durante los mandatos del exministro.
Asimismo, la Fiscalía presta especial atención a la coincidencia temporal entre los pagos y la elaboración de modificaciones legislativas. Se considera que esos cambios fiscales se implementaron mediante ajustes administrativos que facilitaron a las empresas el acceso a beneficios no habituales bajo la legislación vigente en ese momento.
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