El magistrado Juan Carlos Peinado ha decidido proseguir con la causa que involucra a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, e imputar a Judit Alexandra González, secretaria general de la Presidencia, en una pesquisa por presunta malversación y tráfico de influencias.
El juez Juan Carlos Peinado, a cargo del Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid, ha optado por no archivar la causa contra Begoña Gómez, que fue abierta en 2024. La investigación continúa, centrándose en posibles irregularidades relacionadas con el uso de recursos públicos para fines personales vinculados a Gómez. Este proceso ha recibido atención pública y política debido a la vinculación de las personas involucradas con altos responsables del Ejecutivo.
Peinado rechazó las solicitudes de sobreseimiento presentadas tanto por la defensa de Gómez como por la Fiscalía, que consideraban insuficientes las pruebas para avanzar. Según el magistrado, la investigación debe seguir adelante para aclarar si se emplearon fondos públicos de manera inapropiada, especialmente aquellos dirigidos a actividades universitarias en las que Gómez podría estar indirectamente involucrada.
Además, el juez ha imputado a Judit Alexandra González, secretaria general de la Presidencia del Gobierno, sumando su nombre al listado de personas investigadas por su probable participación en los hechos. Esta nueva imputación agrega complejidad al caso, dado que González no había sido previamente mencionada.
El magistrado también ha convocado a declarar a nuevos testigos relevantes, incluyendo a Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de la Universidad Complutense de Madrid, quien aportará información sobre las conexiones entre Gómez, su entorno, y las presuntas anomalías en la gestión de recursos universitarios. Doadrio ya había sido señalado en investigaciones previas vinculadas al caso.
Por otra parte, el juez ha decidido no volver a llamar a declarar a Pedro Sánchez ni al ministro Félix Bolaños, quienes fueron interrogados en 2024. Considera que sus testimonios no añadirían elementos nuevos para esclarecer los hechos. Esta postura ha sido respaldada por la Fiscalía, que no solicitó que ambos comparecieran nuevamente.
El caso ha generado un debate político intenso, con sectores de la oposición solicitando que se agilice el proceso para esclarecer las responsabilidades, mientras que desde el Gobierno se mantienen confiados en que no se presentarán evidencias que impliquen a Begoña Gómez. Las repercusiones mediáticas y políticas de esta investigación mantienen el interés público, sobre todo por tratarse de figuras cercanas al presidente.
Aunque la causa continúa abierta, los fiscales inicialmente reticentes a seguir con la investigación mantienen un enfoque prudente. El proceso avanzará conforme se obtengan más pruebas y declaraciones, incluyendo la revisión de documentos relacionados con las actividades en la Universidad Complutense.
La incorporación de un alto cargo de La Moncloa como imputada añade un elemento adicional de complejidad al caso, que espera continuar con novedades en las próximas semanas debido a su naturaleza política y al perfil de los afectados.
