En relación con la investigación que vincula a la exdirectiva de Correos Leire Díez con posibles irregularidades y favoritismos, el magistrado solicita al Ministerio Público que determine si debe atribuir responsabilidades al exgerente de la compañía, Juan Cerdán, con el fin de proteger a otra persona involucrada.
La investigación judicial sobre la gestión de contratos en Correos plantea ahora una duda sobre quién debe asumir la responsabilidad. El juez encargado ha pedido formalmente a la Fiscalía que considere si corresponde imputar a Juan Cerdán, exgerente de la empresa postal pública, en el marco del caso relacionado con Leire Díez.
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La consulta del magistrado es relevante: imputar a Cerdán podría tener consecuencias para él, pero al mismo tiempo ayudaría a esclarecer cómo se distribuyeron las responsabilidades internas dentro de la organización. Según el juez, esa imputación permitiría determinar si las decisiones controvertidas fueron tomadas de manera individual o con conocimiento y respaldo de la alta dirección.
Otro protagonista clave es Miguel Bernad, cuyo papel en la trama también podría verse afectado si únicamente se imputara a Díez. El juzgado considera que excluir a Cerdán de la investigación podría desequilibrar el proceso, limitando las oportunidades de defensa tanto para él como para Bernad.
La solicitud de aclaración a la Fiscalía se interpreta como una estrategia: si el Ministerio Público aconseja continuar con la imputación de Cerdán, se abriría una nueva línea de investigación que podría aumentar la presión sobre los responsables y aportar detalles adicionales al sumario.
Mientras tanto, la causa sigue adelante con un enfoque cada vez más amplio. La estructura contractual, el rol de los directivos y la posible influencia de Díez en la adjudicación de servicios permanecen como aspectos centrales para desvelar la red investigada.
Este avance representa una fase decisiva en la instrucción, reflejando la intención del juez de construir un caso sólido y exhaustivo antes de avanzar hacia posibles cargos más graves. La intervención de la Fiscalía será clave para establecer la distribución de responsabilidades entre los implicados.
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