Tras más de ocho años en el exilio, Carles Puigdemont encara el inicio de 2026 como un periodo crucial para su posible retorno a España. Los siguientes tres meses se perfilan como un complejo juego jurídico que involucra al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), al Tribunal Constitucional (TC) y al Tribunal Supremo (TS), que hasta ahora se ha mantenido firme en su rechazo a una amnistía por el delito de malversación.
La estrategia de la defensa: el «efecto dominó»
En el círculo cercano al líder de Junts prevalece el optimismo. Confían en que una decisión favorable desde la justicia europea provoque una reacción en cadena que obligue al Supremo a reconsiderar su postura:
1. Febrero: la sentencia del TJUE. Se prevé que el tribunal de Luxemburgo siga las recomendaciones del abogado general, Dean Spielmann, quien afirmó que la amnistía no infringe el derecho comunitario ni afecta los intereses financieros de la Unión.
2. Marzo: el amparo del Tribunal Constitucional. Con el respaldo europeo, el TC, con mayoría progresista, podría anular las resoluciones del Supremo, alegando la vulneración de derechos fundamentales por no aplicar la ley en relación con la malversación.
3. La interpretación del delito de malversación: El punto central será si el TJUE aclara que el uso de fondos públicos para el procés no constituyó un «enriquecimiento personal», invalidando así el argumento que el juez Pablo Llarena y la Sala de lo Penal han empleado para excluir a Puigdemont de la medida de gracia.
La jugada decisiva del Tribunal Supremo
A pesar de las expectativas en Waterloo, el Tribunal Supremo mantiene una estrategia reservada. En caso de que el TJUE no sea claro respecto a la malversación, el TS podría presentar su propia cuestión prejudicial.
• Suspensión del proceso: Esta actuación detendría nuevamente la aplicación de la amnistía para los exiliados y condenados (como Oriol Junqueras) hasta obtener una respuesta específica de Luxemburgo sobre el desvío de fondos.
• El riesgo del «acto aclarado»: Desde el entorno de Puigdemont advierten que si el TJUE se pronuncia ampliamente en febrero, cualquier consulta adicional del Supremo podría ser rechazada por tratarse de un asunto ya resuelto.
¿Retorno con riesgo de detención?
El escenario más probable plantea que Puigdemont regrese a España una vez que el Tribunal Constitucional le conceda el amparo antes de la primavera.
• Libertad provisional: Aunque la orden de detención sigue vigente, los especialistas legales indican que tras el amparo del TC, el Supremo tendría dificultades para mantener medidas cautelares de prisión. Puigdemont debería presentarse ante el TS, pero lo más probable es que quede en libertad mientras se completa el proceso judicial.
Un contexto europeo más restrictivo
Este enfrentamiento judicial coincide con la tramitación desde Bruselas de una nueva directiva anticorrupción que pretende endurecer las sanciones por malversación. Este factor es la base del argumento del Supremo para cuestionar la legalidad de la amnistía en casos de desvío de fondos públicos, un punto que Puigdemont espera superar para marzo.
