Joaquín Guzmán López, conocido como El Güero y uno de los descendientes del notorio narcotraficante mexicano Joaquín «El Chapo» Guzmán, admitió este lunes su culpabilidad ante un tribunal federal de Estados Unidos por cargos relacionados con el tráfico de drogas. Este proceso judicial evidencia la continuidad de la implicación de la familia Guzmán en el narcotráfico a nivel global.
Durante su presentación en el tribunal, Joaquín asumió la responsabilidad como supervisor en la distribución de sustancias ilícitas, incluyendo cocaína, heroína y fentanilo. Este cambio representa una variación significativa en su defensa legal, dado que el año anterior se había declarado inocente para evitar las penas que enfrentaba.
Como parte de un acuerdo con el sistema judicial, Guzmán se comprometió a cooperar plenamente mediante declaraciones veraces. Los fiscales indican que esta colaboración podría resultar en una reducción de la sentencia, que de otro modo podría ser cadena perpetua. Aún así, deberá cumplir un mínimo de diez años en prisión debido a su participación en una organización criminal.
La jueza Sharon Johnson Coleman fijó la próxima audiencia para Joaquín el 1 de junio de 2026 en Chicago, donde se definirán los efectos de su reconocimiento de culpabilidad y su cooperación.
No es la primera ocasión en que un miembro de la familia Guzmán admite cargos. En julio del año anterior, su hermano Ovidio también aceptó su culpabilidad en varios delitos de narcotráfico en un pacto similar con las autoridades estadounidenses, lo que parece formar parte de una estrategia común entre los hijos del Chapo.
Los hermanos Guzmán, apodados los «Chapitos», continúan expandiendo el legado de su padre tras su encarcelamiento. Se les vincula con la ampliación de las actividades del cártel de Sinaloa, especialmente en el tráfico de fentanilo, sustancia que en años recientes ha sido la principal causa de mortalidad en Estados Unidos para personas de entre 18 y 49 años.
Además de los cargos por narcotráfico, Joaquín y sus hermanos enfrentan denuncias por corrupción, que incluyen sobornos a funcionarios públicos y la comisión de actos de violencia contra integrantes de las fuerzas del orden, competidores y miembros de la propia organización.
Joaquín, de 39 años, fue trasladado a Estados Unidos en 2024 tras un acuerdo en el que también participó Ismael «El Mayo» Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa. Zambada se declaró culpable en agosto de ese año por delitos relacionados con el narcotráfico y lavado de dinero, evidenciando la vulnerabilidad del grupo criminal familiar.
