El Ejecutivo español considera como un respaldo contundente el dictamen presentado por el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que ratifica la legalidad de la Ley de Amnistía y refuta las críticas que la catalogaban como una «autoamnistía».
El Gobierno de España ha recibido con optimismo la reciente opinión del Abogado General del TJUE, donde se confirma que la Ley de Amnistía aprobada en España no contraviene las normativas europeas ni compromete los intereses financieros de la Unión Europea. El informe aclara que esta amnistía no constituye una «autoamnistía» tal como sostenían algunos detractores, y no infringe las legislaciones comunitarias vinculadas al terrorismo y su financiación.
Te puede interesar
Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, calificó el informe como un respaldo sólido, subrayando que el análisis realizado por el Abogado General fortalece la posición del Gobierno sobre dicha ley. Según Bolaños, se confirma que la Ley de Amnistía cumple con el derecho europeo y no presenta incompatibilidades con las normativas internacionales, desmintiendo así las críticas planteadas por ciertos sectores políticos y expertos en derecho comunitario.
El dictamen también ha sido interpretado como una respuesta a las objeciones que afirmaban que la ley vulneraba principios esenciales de la justicia en Europa, tales como la lucha contra el terrorismo y la transparencia en su aplicación. Se destaca que el proceso de amnistía no menoscaba los derechos ni las libertades de los ciudadanos europeos, ni infringe las normativas en materia de terrorismo y violencia.
Este pronunciamiento se da en medio del debate sobre la Ley de Amnistía, vista por algunos como un intento de perdonar a los dirigentes del «procés» independentista catalán, entre ellos Carles Puigdemont, involucrados en el referéndum no autorizado de 2017. Pese a las críticas, el Gobierno mantiene que la amnistía forma parte de un compromiso político orientado al diálogo y la reconciliación en Cataluña.
El Abogado General indicó también que el TJUE deberá continuar examinando si la ley respeta el derecho europeo, especialmente en lo relativo a condiciones de justicia y derechos fundamentales. Aunque este dictamen no es vinculante, se espera la resolución formal del Tribunal en los próximos meses. Mientras tanto, sectores contrarios a la ley, como el Partido Popular, siguen rechazándola, calificándola como una medida política que beneficia exclusivamente a los independentistas y que puede comprometer el Estado de Derecho.
