El Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez ha expresado su preocupación por el impacto negativo que está generando el proceso judicial contra el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, su antiguo asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. Fuentes oficiales consultadas por El País indican que en La Moncloa predomina una sensación de inquietud debido al desarrollo de las declaraciones en el Tribunal Supremo.
«Esta semana resulta imposible destacar aspectos positivos; el juicio presenta un panorama desalentador», reconocen voces gubernamentales.
Una agenda opacada por el «caso mascarillas»
Aunque el Ejecutivo ha intentado desviar la atención hacia indicadores económicos favorables y la agenda internacional del presidente durante su viaje a China, el proceso judicial sigue siendo el tema central en el debate público. El Gobierno reconoce que este caso «oculta la agenda» ministerial, pero confía en que el impacto electoral ya esté evaluado, puesto que no se han revelado datos significativamente nuevos respecto a los conocidos durante la fase de instrucción.
Testimonios recientes: sobres en Ferraz y contrataciones irregulares
El uso del término «desalentador» responde a los testimonios presentados en los últimos días:
- Entrega de efectivo: La empresaria Carmen Pano, socia de Aldama, confirmó ante el tribunal que proporcionó sobres con dinero en efectivo (hasta 90.000 euros repartidos en dos entregas) en la sede del PSOE en la calle Ferraz.
- Empleos presuntamente ficticios: Se han presentado evidencias sobre la posible contratación irregular de personas vinculadas al entorno de Ábalos en entidades públicas como Ineco y Tragsatec, donde habrían percibido salarios sin realizar tareas efectivas.
- Intervenciones internas: Empleados de Adif señalaron que el exministro habría influido para evitar que se tomaran medidas contra personas de su confianza en dichas empresas.
Estrategia para limitar el impacto
Desde el sector socialista del Gobierno sostienen que las responsabilidades políticas fueron abordadas con la expulsión de Ábalos del partido y su paso al Grupo Mixto. Sin embargo, la constante revelación de detalles relacionados con la falta de supervisión administrativa y el posible uso indebido de la sede del partido para cobros irregulares ha provocado un ambiente de preocupación y molestia que el Gobierno considera complicado de mitigar en el corto plazo.
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