El Ejecutivo español restó importancia a las dificultades que enfrenta la atención psiquiátrica en Ceuta, a pesar de las advertencias realizadas por sindicatos y asociaciones sanitarias que señalan una crisis persistente por la ausencia de especialistas. A comienzos de noviembre, el Sindicato Médico comunicó la renuncia de la psiquiatra recientemente incorporada, lo que volvió a dejar la ciudad sin este profesional esencial.
A pesar de este contexto, el Gobierno asegura contar con los recursos adecuados y descarta la alarma social. Esta postura difiere de las críticas de colectivos profesionales y usuarios, que denuncian una situación crítica.
En respuesta a interrogantes planteadas por senadores del Partido Popular, el Ejecutivo negó la suspensión de consultas y afirmó que el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) ha actuado de forma “adecuada y eficiente”, implementando los planes establecidos para asegurar la continuidad del servicio.
Derivación y contratación externa frente a la carencia de especialistas
Según la información oficial, Ingesa dispone de una plantilla estructural de cuatro psiquiatras, con posibilidad de aumentar hasta dos profesionales adicionales si la situación lo requiere. Ante las bajas médicas que afectaron el servicio, se activó un plan de contingencia que contempló la contratación de centros externos.
Inicialmente, las consultas no urgentes se derivaron a la clínica privada Hospitén, ubicada en Estepona (Málaga), debido a la saturación del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Sin embargo, la dimisión de la psiquiatra de ese centro llevó a rescindir dicho contrato y a trasladar las consultas a la Clínica Virgen del Rosario en Algeciras (Cádiz). El Ejecutivo destaca que Ingesa asumió los gastos de transporte y manutención para los pacientes que debieron desplazarse.
Desde el 26 de agosto, los pacientes adultos reciben atención nuevamente en la Unidad de Salud Mental del propio Ingesa.
Asistencia de hospitales andaluces
El Gobierno indica que la atención urgente ha contado con el apoyo de psiquiatras de guardia de hospitales del SAS, quienes colaboran en la evaluación de pacientes y determinan derivaciones o ingresos cuando se requieren. También aclara que asume los costos vinculados a estos traslados.
La dirección y gerencia de Ingesa, sostiene el Ejecutivo, han desempeñado una labor “eficaz y eficiente”, lo que ha permitido mantener todos los servicios activos.
Aunque se señala la incorporación de un profesional de apoyo el 2 de septiembre, no se menciona su posterior baja a comienzos de noviembre, pese a que la respuesta oficial está fechada el 14 de ese mes.
Falta de especialistas a nivel nacional
El Ejecutivo destaca que no existen psiquiatras infantojuveniles disponibles en todo el país, dado que la primera promoción de esta especialidad aún se encuentra en formación. Afirma que los psiquiatras generalistas están habilitados para atender a menores y que en Ceuta las consultas presenciales, tanto iniciales como sucesivas, están garantizadas.
Utilización de medios telemáticos
Ante las críticas respecto a las consultas a distancia, el Gobierno explica que estas se emplean como un recurso complementario para la coordinación entre niveles asistenciales o para consultas con otros centros peninsulares, una práctica también extendida en otras especialidades.
El Gobierno rechaza cancelaciones y defiende su actuación
El Ejecutivo insiste en que “ninguna consulta ha sido cancelada”. Detalla que los pacientes adultos fueron reprogramados y derivados entre el 28 de julio y el 26 de agosto, mientras que para los menores se realizó hasta el 13 de octubre.
Finalmente, recuerda que la normativa contempla cubrir las bajas médicas, recurrir al SAS por proximidad y, como última opción, derivar a centros concertados.
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