El Ejecutivo solicitará a la Fiscalía que investigue posibles delitos cometidos por las plataformas X, Meta y TikTok relacionados con la producción y difusión de pornografía infantil mediante inteligencia artificial. Esta iniciativa se ratificará este martes en el Consejo de Ministros, que hará uso del artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para solicitar la apertura de diligencias.
El presidente Pedro Sánchez comunicó la medida a través de sus redes sociales, señalando que «la impunidad de los grandes actores debe terminar» y destacando que ciertas plataformas «ponen en riesgo la salud mental, la dignidad y los derechos de nuestros niños y niñas». Según el jefe del Ejecutivo, es necesario que el Estado intervenga ante contenidos ilícitos que afectan a menores.
Protección de la infancia en el entorno digital
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, afirmó que esta acción representa un avance adicional para asegurar los derechos de la infancia en internet. Recordó que en enero el Gobierno ya pidió a la Fiscalía que investigara si la plataforma X había cometido delitos vinculados a la pornografía infantil y resaltó que ahora la investigación se extiende a las principales redes sociales.
El Ejecutivo busca fortalecer la colaboración con el Ministerio Fiscal para esclarecer posibles responsabilidades penales derivadas de la difusión de contenidos ilegales, en especial aquellos que involucren a menores o que sean generados con tecnología de inteligencia artificial.
Plan contra abusos y manipulación en redes
La solicitud a la Fiscalía forma parte de un conjunto de cinco medidas presentadas por el presidente el pasado 6 de febrero para combatir actividades ilícitas en redes sociales. Entre estas acciones se incluyen la persecución de la manipulación algorítmica basada en datos sin autorización, la exigencia de responsabilidad penal a las empresas que no eliminen contenidos ilegales y la creación de un registro de odio y polarización que permita evaluar el impacto social de estas plataformas.
Además, el Gobierno está considerando limitar el acceso a las redes sociales a menores de 16 años como parte de su estrategia para proteger a la infancia en el entorno digital.
El Ejecutivo reitera su compromiso de trabajar coordinadamente con la Fiscalía para investigar posibles delitos y determinar responsabilidades en caso de comprobarse la circulación de contenidos ilícitos en estas plataformas.
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