El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el anteproyecto de Ley de Publicidad del Sector Público, una iniciativa fundamental para la renovación democrática. La propuesta central limita al 35% la inversión publicitaria institucional que un medio puede recibir, con el fin de asegurar la diversidad y evitar una influencia financiera excesiva mediante recursos públicos.
Aspectos destacados de la nueva normativa
El nuevo marco legal no solo afecta a la Administración General del Estado, sino también a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, imponiendo una transparencia sin precedentes en la gestión de sus presupuestos publicitarios.
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- Tope en financiación: Ningún medio podrá recibir más del 35% del total de la inversión publicitaria de una administración concreta.
- Publicación transparente: Será obligatorio informar públicamente sobre la cantidad invertida por cada organismo y los soportes específicos donde se destina esa inversión.
- Enfoque digital: La ley reconoce el ecosistema mediático actual, otorgando mayor relevancia a los medios y plataformas digitales nativas frente a los formatos tradicionales.
- Alineamiento europeo: Esta reforma adapta a España al Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, vigente desde agosto de 2023.
“Transparencia y equidad en la asignación”
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, señaló que la finalidad es actualizar un sistema que había quedado obsoleto respecto a las necesidades actuales del sector mediático.
“Pretendemos aumentar la objetividad y evitar la discriminación en la distribución de fondos públicos. Es esencial que la ciudadanía conozca cómo y dónde se emplean sus recursos”, afirmó Saiz.
Esta iniciativa forma parte de las 31 medidas incluidas en el Plan de Acción por la Democracia lanzado en septiembre de 2024, con el propósito de proteger la independencia editorial frente a posibles presiones económicas procedentes de las instituciones públicas.
Repercusiones para el sector
Con esta disposición, el Ejecutivo espera lograr una distribución más equilibrada de los fondos, favoreciendo que medios más pequeños o locales puedan acceder a recursos que antes se concentraban en grandes grupos de comunicación. Asimismo, se intenta evitar que la supervivencia de determinados medios dependa exclusivamente de la financiación pública, promoviendo un mercado más competitivo y autónomo.
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