El Gobierno de Pedro Sánchez ha comunicado que pronto iniciará el procedimiento para elegir a un nuevo Fiscal General del Estado, después de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo contra Álvaro García Ortiz. El actual máximo responsable del Ministerio Público ha recibido una pena de dos años de inhabilitación debido a la filtración de un correo que tenía la intención de perjudicar políticamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En un comunicado oficial, el Ejecutivo indicó que la selección del nuevo fiscal será «inminente» y subrayó que se elegirá una persona con un «máximo prestigio profesional en el ámbito jurídico». Fuentes próximas a La Moncloa han aclarado que, aunque el Gobierno «respeta la sentencia», no está de acuerdo con el fallo del Tribunal Supremo. La resolución incluye dos votos particulares en contra, lo que evidencia discrepancias internas en la Sala de lo Penal.
Reconocimiento a la labor de García Ortiz
El Ejecutivo ha continuado destacando la labor realizada por Álvaro García Ortiz durante su mandato en la Fiscalía, resaltando su compromiso con la defensa de la ley y la verdad. A pesar de la condena, han valorado positivamente su desempeño y su aporte en situaciones complicadas.
Reacciones de los ministros
Tras conocerse la sentencia, el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, fue el primero en pronunciarse, aunque decidió ser cauteloso cuando le preguntaron sobre la condena. Su respuesta fue «ser prudente», y añadió que prefería analizar con detenimiento la sentencia antes de expresarse públicamente.
Por otro lado, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, habló del tema antes de que se conociera el veredicto, señalando que cualquier resolución sobre el fiscal sería «justa». Bolaños, reconocido por sus declaraciones previas, optó por no manifestar una opinión en ese momento, reiterando su respeto absoluto hacia el trabajo de los magistrados del Supremo.
Detalles de la sentencia
El Tribunal Supremo también ha impuesto a García Ortiz una compensación de 10.000 euros a favor de la pareja de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, como indemnización por los daños morales provocados por la filtración. Además, se le ha impuesto una multa de 7.300 euros y se le exige cubrir las costas judiciales, incluyendo las de la acusación particular. Aunque la sentencia está pendiente de redacción, su ejecución será efectiva tras su notificación formal.
La acusación particular solicitaba penas entre 4 y 6 años de prisión y hasta 12 años de inhabilitación, mientras que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado pedían la absolución de García Ortiz, argumentando que no existía delito. Asimismo, el Ministerio Público defendió que la filtración vulneraba derechos fundamentales, como la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones.
