El Ejecutivo reconoce en una respuesta parlamentaria la firma de una adenda contractual por parte de la exdirectiva investigada, sin detectar irregularidades en el proceso
El Gobierno español ha confirmado mediante una respuesta escrita al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso la participación de Leire Díez —exmiembro del PSOE y actualmente bajo investigación judicial— en la gestión de un contrato relacionado con balizas de tráfico tipo V-16 durante su dirección en el área de Filatelia, Estudios y Futuro de Correos en 2023.
Esta confirmación se produce tras una serie de preguntas presentadas por el PP ante las noticias que vinculaban a Díez, detenida en diciembre pasado dentro de una investigación sobre presunto cobro de comisiones ilegales junto con otros funcionarios asociados a la SEPI, con operaciones comerciales de la empresa postal estatal.
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La posición del Ejecutivo: carácter mercantil del contrato
En el documento oficial, el Gobierno no menciona explícitamente a la investigada, pero reconoce la existencia de una adenda firmada el 20 de julio de 2023, en la cual Díez desempeñó un rol activo junto con el director de Operaciones de Correos. Sin embargo, el Ejecutivo precisa que la naturaleza jurídica del acuerdo explica la exclusión de los controles previstos por la Ley de Contratos del Sector Público.
Según la explicación oficial, dado que se trata de un contrato de comisión mercantil —donde Correos actúa como prestador de un servicio y recibe ingresos, no como entidad contratante que paga por un servicio—, los mecanismos de control de la contratación pública no resultan aplicables. Además, se resalta que en el ámbito interno «no consta que se haya producido o denunciado ningún conflicto de interés relacionado con la celebración de estos contratos».
Controles internos y auditorías
Sobre las garantías de transparencia, la respuesta ministerial indica que, pese a que el contrato no está sujeto a la Ley de Contratos del Sector Público, la actividad de Correos se somete a auditorías regulares y a la supervisión del Tribunal de Cuentas.
El Gobierno subraya también que el Comité de Cumplimiento de Correos ha realizado desde hace varios meses acciones relacionadas con este caso, aunque no revela detalles por estar sujetos a «deber de confidencialidad». En relación con el contrato, se confirma que Correos ofrece actualmente tres modelos de balizas V-16, todos debidamente homologados para su comercialización.
La figura de Leire Díez, que ha ganado atención tanto en medios como en tribunales por su rol en la empresa pública y su supuesta relación con investigaciones que involucran a altos cargos gubernamentales, continúa siendo objeto de atención parlamentaria, mientras el Ejecutivo mantiene que el procedimiento para la comercialización de estos dispositivos de seguridad vial se ha desarrollado conforme a la ley.
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