Este martes, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto ley que destina más de 7.000 millones de euros para apoyar a los ciudadanos y municipios afectados por las últimas borrascas, según informó la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Entre las principales medidas, se otorgará una ayuda de 150 euros diarios por persona a los 12.400 vecinos que tuvieron que ser desalojados. Además, se transferirán 2.000 millones de euros a los municipios para la reparación de infraestructuras dañadas por las precipitaciones e inundaciones. Estas ayudas serán transferencias directas que no requieren devolución.
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Montero explicó que los recursos movilizados cubrirán los daños y compensarán a las personas afectadas, contribuyendo a mitigar el impacto en viviendas, comercios, agricultura y pesca. Destacó que el objetivo es tanto reparar los daños como fomentar la reconstrucción e hizo un llamamiento a los partidos políticos para que apoyen un pacto de Estado frente a la emergencia climática.
El decreto incrementa cuatro veces las indemnizaciones habituales para daños personales, materiales y locales comerciales, y establece que todas las ayudas estarán exentas de tributación en el IRPF y sociedades. Asimismo, se anticipará el total de las transferencias a los municipios, superando el anticipo del 50 % previsto por la normativa general.
En el ámbito fiscal y laboral, se contemplan exenciones en el IBI, reducción de impuestos para actividades agrícolas, prestaciones por cese de actividad para autónomos afectados y apoyo a empresas con ERTE. Al sector agrícola y pesquero se destinarán más de 2.110 millones en ayudas directas, junto con 10 millones para armadores de buques en Málaga, Cádiz y Huelva.
Asimismo, se incluye un plan de empleo con 50 millones de euros dirigido a ayuntamientos, 600 millones para reparar caminos rurales y 163 millones para infraestructuras estatales. El comercio y la hostelería dispondrán de ayudas directas por 120 millones, además de líneas de financiación ICO por 100 millones.
Montero concluyó afirmando que el objetivo es que todos los residentes de las comunidades autónomas más afectadas, tales como Andalucía y Extremadura, puedan beneficiarse de este conjunto integral de medidas.
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