El Consejo de Ministros ha autorizado la norma que elimina las trabas administrativas establecidas en la reforma de 2012, facilitando el acceso al sistema sanitario público mediante una «declaración responsable», una iniciativa que el PP considera como «turismo sanitario».
Este martes, el Gobierno de España ha dado el visto bueno al Real Decreto que busca reforzar la cobertura universal del Sistema Nacional de Salud (SNS). La regulación, promovida conjuntamente por el Ministerio de Sanidad, liderado por Mónica García, y el Ministerio de Seguridad Social, pretende asegurar la atención sanitaria pública gratuita a todas las personas extranjeras residiendo en España sin permiso legal.
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Con esta medida, el Ejecutivo aspira a derogar por hecho las limitaciones impuestas por el Real Decreto-ley 16/2012, aprobado durante la administración de Mariano Rajoy. Aunque fue una iniciativa clave del Ministerio, la ministra García no asistió a la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, limitándose a expresar su satisfacción en redes sociales.
Procedimiento simplificado y flexibilización de requisitos
Esta nueva regulación introduce modificaciones relevantes en el acceso a servicios sanitarios. Ahora el proceso se agiliza presentando una «declaración responsable» donde el solicitante confirma no contar con cobertura a través de otra vía ni con un tercero obligado a responder económicamente. Tras esta gestión, se emitirá un documento provisional que garantizará la asistencia inmediata en todas las comunidades autónomas.
Entre las novedades más controvertidas figura la flexibilización para acreditar la residencia. Aunque el certificado de empadronamiento sigue siendo el documento preferente, también se aceptarán otras formas para justificar la estancia en España, como:
• Certificados de escolarización o inscripción en centros públicos.
• Informes de servicios sociales o registros de visitas.
• Facturas de servicios básicos (electricidad, gas, agua, telefonía o Internet).
Asimismo, se establece que si la Administración no responde a la solicitud en un plazo de tres meses, esta se considerará aprobada por silencio administrativo. Una vez reconocido, el derecho a la asistencia será indefinido, a diferencia del sistema anterior, donde los documentos caducaban a los dos años.
Críticas del Partido Popular: «El sanchismo promociona y otros asumen el costo»
El Partido Popular ha manifestado una oposición clara a esta medida, señalando la ausencia de un estudio sobre el impacto económico para la sostenibilidad del sistema sanitario y el posible incremento de las listas de espera. Miembros de esta formación han manifestado que el Gobierno «confunde intencionadamente» la atención necesaria con el reconocimiento de la irregularidad como un derecho.
«El Ejecutivo de Sánchez pretende ampliar derechos mientras sobrecarga un sistema sanitario que ya está saturado», sostienen desde el PP, destacando que son las comunidades autónomas quienes gestionan este reto en solitario. Además, alertan que la eliminación del requisito de residencia mínima de tres meses podría favorecer el turismo sanitario.
Ampliación de cobertura para españoles residentes en el extranjero
El real decreto también incluye una expansión de derechos para los españoles de origen que residen fuera de España. Hasta ahora, el acceso a la sanidad pública durante sus estancias temporales en España estaba restringido a pensionistas y trabajadores. Con la nueva regulación, esta cobertura se extiende a todos los españoles de origen y sus familiares directos, incluyendo cónyuges, parejas de hecho y descendientes dependientes.
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