El Consejo de Gobierno de Andalucía tiene previsto dar luz verde este martes 16 de diciembre al Proyecto de Decreto que implementa la Ley 3/2021 sobre el Reconocimiento de la Autoridad del Profesorado. Esta regulación busca «reconocer y fortalecer la autoridad pública» del personal docente en Andalucía, fomentando su respeto y consideración social, además de establecer mecanismos que aseguren su protección durante el desempeño de sus funciones.
El decreto, que estuvo en consulta pública en diciembre de 2024, parte del principio de que contar con un profesorado que goce de «el mayor prestigio social posible» y con respaldo legal es «fundamental para avanzar hacia un sistema educativo equitativo y de calidad».
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Desde la Junta de Andalucía se argumenta que esta normativa es necesaria para implementar medidas que mejoren la valoración social de la labor docente y garanticen un ambiente de respeto imprescindible en los centros escolares. Según el Gobierno andaluz, el decreto proporciona un marco legal sólido para hacer efectivo este reconocimiento.
Derechos reconocidos al profesorado
El proyecto de decreto establece varios derechos para el profesorado «en el desarrollo de sus funciones»:
- Respeto y respaldo a la autoridad: Derecho a ser respetado, reconocido y apoyado en su autoridad por parte del alumnado, sus tutores legales y sus compañeros docentes.
- Facultad para tomar decisiones: Derecho a adoptar de manera rápida, proporcionada y eficaz las decisiones que permitan mantener un entorno adecuado para el estudio y el aprendizaje, conforme a las normas de convivencia del centro.
- Colaboración de representantes legales: Derecho a contar con la cooperación de los tutores legales para asegurar el cumplimiento de las normas de convivencia de sus hijos.
Protección jurídica y asistencia psicológica
Una novedad relevante es la garantía de protección para el profesorado. Este tendrá derecho a recibir protección jurídica y apoyo psicológico gratuitos mientras ejerce sus funciones.
En este sentido, el proyecto indica que la Administración educativa facilitará asistencia psicológica para el personal docente de centros financiados con fondos públicos. Este servicio está destinado a apoyar a los docentes que sufran agresiones o situaciones conflictivas que puedan perjudicar su autoridad, con el fin de minimizar su impacto en la salud y el rendimiento profesional.
La atención psicológica, si es solicitada por el interesado, se gestionará a través de la Unidad de Apoyo al Profesorado que existe en cada Delegación Territorial con competencias educativas.
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