José Luis Ábalos, exministro, atraviesa su etapa más complicada. Actualmente en prisión preventiva en Soto del Real, quien fuera colaborador cercano de Pedro Sánchez enfrenta tres procesos judiciales pendientes: la investigación sobre las mascarillas, el «caso Cerdán» relacionado con obra pública, y la próxima imputación por fraude en el ámbito de los hidrocarburos.
La situación judicial de José Luis Ábalos ha cambiado radicalmente en febrero de 2026. El exsecretario de Organización del PSOE y exministro de Transportes permanece detenido en la prisión de Soto del Real, cumpliendo prisión provisional mientras se desmorona la estrategia defensiva basada en anular las actuaciones. El jueves 12 de febrero, Ábalos salió temporalmente del centro penitenciario para acudir a la audiencia preliminar en el Tribunal Supremo por el caso relacionado con las mascarillas, luciendo un gesto serio y notablemente cansado.
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El Tribunal Supremo y la defensa intentan retrasar el proceso
En la sesión técnica celebrada esta semana, el abogado de Ábalos, Marino Turiel, junto con la letrada de Koldo García, Leticia de la Hoz, trataron sin éxito de conseguir la nulidad del procedimiento alegando indefensión e irregularidades en las investigaciones. No obstante, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, refutó cada argumento, defendiendo la competencia del Supremo pese a que Ábalos ya no conserva su escaño.
La defensa sostiene que la renuncia de Ábalos al acta de diputado obliga a que la causa regrese a la Audiencia Nacional. Sin embargo, la Fiscalía advierte que este planteamiento persigue únicamente demorar el proceso y evitar el juicio que el alto tribunal pretende celebrar en abril.
Nueva acusación por hidrocarburos bajo la investigación de Santiago Pedraz
Mientras se prepara el juicio del caso mascarillas, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, está próximo a imputar a Ábalos y al empresario Koldo García en una causa diferenciada del «caso hidrocarburos». La pesquisa, impulsada por un informe de la UCO, señala que la red liderada por Claudio Rivas y Víctor de Aldama canalizó casi un millón de euros para influir en decisiones dentro del Ministerio de Transportes.
Los indicios en esta línea son notables:
• El chalet en La Alcaidesa: Se examina si la organización pagó la utilización de esta vivienda de alto standing para el exministro.
• Entregas en efectivo: La UCO detalla pagos en dinero no declarado para facilitar que la empresa Villafuel SL lograse licencias de operador mayorista.
• El vínculo con Aldama: Se apunta a que el empresario Víctor de Aldama recibió más de 292.000 euros por actuar como intermediario entre los empresarios y el Ministerio.
El «caso Cerdán» y la supuesta repartición de contratos en obra pública
A estos dos expedientes se añade un tercer proceso: el caso Cerdán. El magistrado del Supremo Leopoldo Puente investiga si Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán conformaron una organización dedicada a manipular contratos de obra pública en Adif y la Dirección General de Carreteras. Según los investigadores, podrían haberse repartido un «botín» aproximado de cinco millones de euros.
La Fiscalía Anticorrupción, inclinada a solicitar la imputación formal en la Audiencia Nacional por el fraude en hidrocarburos, anticipa una serie de procesos judiciales que mantendrían a Ábalos en prisión por varios años. Fuentes cercanas señalan que el Gobierno y la vicepresidenta Díaz mantienen una postura de «distancia intencionada» frente a un caso que supera la esfera política y se ha transformado en un desafío legal sin precedentes en la democracia española.
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