El Gobierno de Pedro Sánchez ha emprendido una ofensiva contra las universidades privadas en un intento por regular su funcionamiento. Sin embargo, antes de esta iniciativa, su gestión en el ámbito universitario ha estado marcada por cuatro grandes fracasos: notas infladas, falta de plazas, peores perspectivas de empleo y una regulación fallida.
Uno de los principales problemas ha sido la inflación de notas en el sistema público, una situación que ha generado desigualdad entre los estudiantes y ha puesto en entredicho la calidad educativa. Además, la falta de plazas en universidades públicas ha dejado a muchos alumnos sin acceso a estudios superiores, obligándolos a recurrir a opciones privadas o a renunciar a su formación.
En el ámbito laboral, los graduados españoles han visto deterioradas sus oportunidades de empleo, con tasas de paro más altas y condiciones de inserción laboral cada vez más precarias. La falta de una estrategia efectiva para vincular la educación superior con el mercado de trabajo ha agravado la situación, dejando a miles de jóvenes con títulos pero sin perspectivas laborales claras.
Por otro lado, la regulación de las universidades, que en 2021 pretendía acabar con los denominados ‘chiringuitos educativos’, ha resultado ser un fracaso. La normativa ha tenido que ser revisada por el propio Gobierno, que ha optado por recentralizar el control sobre los campus online. Esta autoenmienda pone de manifiesto las deficiencias de la legislación y la falta de una planificación adecuada en la política universitaria.
Ante este panorama, la ofensiva contra las universidades privadas se presenta como una medida que no aborda los problemas estructurales del sistema educativo. La comunidad académica y los expertos en educación advierten que el verdadero reto es mejorar la calidad y accesibilidad de la educación pública, en lugar de imponer más trabas a la oferta privada sin resolver los problemas de fondo.
