Las discrepancias con Junts paralizan la reforma destinada a desvincular la duración del mandato del fiscal general del ciclo político
La futura designación de Teresa Peramato como fiscal general del Estado podría tener un mandato más corto del esperado si el Partido Popular se impone en las próximas elecciones. Esto no se debe a sus cualificaciones, que fueron respaldadas de forma unánime este miércoles por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sino al fracaso de la ley Bolaños. Esta normativa buscaba extender el mandato del fiscal general a cinco años y desvincularlo del cambio de Gobierno.
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Actualmente, el artículo 31 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que el fiscal general cesa de su cargo automáticamente cuando finaliza el Gobierno que lo nombró. La reforma promovida por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, pretendía eliminar esta relación, pero la tramitación parlamentaria ha quedado bloqueada por el veto impuesto por Junts.
Junts detiene 25 leyes y corta la negociación con el PSOE
Las tensiones crecientes entre Junts y el PSOE durante los últimos meses han puesto en riesgo la legislatura. La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha anunciado que su grupo vetará 25 leyes que están en tramitación, no dará apoyo a las 21 normativas que están próximas a finalizar su trámite y rechazará cualquier nuevo texto legislativo proveniente del Consejo de Ministros. “No habrá diálogo ni acuerdos”, afirmó Nogueras, extendiendo el bloqueo a los futuros Presupuestos Generales del Estado y a dos reformas judiciales clave del Ejecutivo: la ley Bolaños y la ley Begoña.
Entre las leyes afectadas se encuentra la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LEOCrim), con la cual Bolaños pretendía no solo establecer un mandato de cinco años para el fiscal general, sino también promover la reforma penal más profunda en 143 años. Esta propuesta contemplaba que los fiscales dirigieran las investigaciones penales, en lugar de los jueces de instrucción, y que unidades como la UCO de la Guardia Civil quedaran bajo su supervisión.
El ministro destacó la relevancia histórica del proyecto: “Han tenido que transcurrir doce Papas, cuatro reyes, dos presidentes de la República, dos dictadores, 44 presidentes del Gobierno y 106 ministros de Justicia para que el Consejo de Ministros apruebe una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal”. Sin embargo, esta iniciativa permanece paralizada debido al bloqueo independentista.
Las pocas leyes que conseguirán avanzar
A pesar del veto generalizado, Junts permitirá la aprobación de cuatro leyes:
- Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual
- Ley de Economía Social
- Ley de Movilidad Sostenible
- Ley de Atención al Cliente
Asimismo, se mantendrá vigente el decreto destinado a financiar la ley ELA.
Peramato, avanzando hacia la Fiscalía General con respaldo unánime
Por su parte, Teresa Peramato sigue progresando hacia su nombramiento oficial como fiscal general del Estado, en sustitución de Álvaro García Ortiz, suspendido durante dos años por un delito de revelación de secretos. Ahora que cuenta con la propuesta del Consejo de Ministros y el apoyo unánime del CGPJ, sólo resta su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso.
El consenso favorable del CGPJ contrasta con la situación de García Ortiz, quien fue el único candidato considerado “inadecuado” en la historia democrática por este órgano, debido a la desviación de poder detectada por el Tribunal Supremo en el nombramiento de Dolores Delgado.
Un mandato con incertidumbre
Sin la aprobación de la ley Bolaños, Peramato podría ver limitado su mandato al frente del Ministerio Público si el Gobierno cambia en la Moncloa. De esta forma, el PSOE pierde la opción de consolidar una figura propia independiente de un eventual relevo político, una meta que el Ejecutivo consideraba casi alcanzada antes de la negativa de Junts.
