Un empresario estadounidense consiguió anular en tribunales las tarifas establecidas por la Administración Trump, generando un precedente relevante que podría impulsar múltiples reclamaciones de empresas afectadas por la guerra comercial.
En una situación comparada con el enfrentamiento entre «David y Goliat», un empresario del sector del juguete ha obtenido un fallo favorable en la justicia federal frente a los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, obteniendo una resolución que declara que estas tasas son ilegales para su sector y que abre una brecha en la estrategia proteccionista gubernamental.
El origen del conflicto
El litigio, que comenzó como una iniciativa individual y arriesgada, cuestionó la potestad del Ejecutivo para aplicar gravámenes extraordinarios bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio. Según el empresario, que junto con su empresa encabezó el proceso, los aranceles a los juguetes importados desde China no solo representaban una carga económica difícil de asumir, sino que además carecían del respaldo legal necesario.
«Desde el principio consideré que estas medidas eran ilegales. No es válido alterar la estructura de costos de toda una industria por una decisión política sin respetar los procedimientos establecidos», declaró el protagonista a El País.
Un precedente para numerosas empresas
El valor de este fallo judicial va más allá del sector del juguete. Al determinar que el proceso empleado por la Administración fue incorrecto, se establece un precedente que podría ser aprovechado por miles de compañías importadoras que han abonado miles de millones de dólares en aranceles en años recientes.
Especialistas legales indican que esta sentencia podría exigir al Gobierno:
- Restituir los fondos recaudados mediante los aranceles declarados ilegales.
- Suspender las tarifas actuales para otros sectores que presenten demandas similares.
- Revisar la política comercial para adaptarla a los límites establecidos por la Constitución y la normativa internacional de comercio.
Respuesta de la Casa Blanca
La Administración Trump ha expresado su desacuerdo con el fallo, calificándolo de «activismo judicial» que podría comprometer la seguridad nacional y la capacidad negociadora de Estados Unidos frente a rivales internacionales como China. Se prevé que el Departamento de Justicia presente un recurso de apelación pronto.
No obstante, para quienes defienden el libre comercio, esta decisión judicial es un recordatorio de que, incluso en contextos de alta polarización y políticas proteccionistas, los mecanismos judiciales continúan vigentes. «Es una victoria del Estado de derecho frente a la arbitrariedad», concluye el empresario.
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