La Central Nuclear de Almaraz, ubicada en el municipio homónimo situado en Cantabria, ha adquirido un papel destacado durante la campaña electoral en Extremadura. Esta planta no solo representa un referente industrial, sino que también es esencial para la economía y la población de la zona, que en 2025 alcanza los 1.594 habitantes.
Con una renta media por hogar que llega a 41.253 euros anuales, considerablemente superior a los 26.968 euros que se registran en Extremadura, las elecciones del 21 de diciembre han puesto bajo escrutinio la continuidad de la central. Su importancia aumenta al ser una de las pocas instalaciones nucleares activas en España, junto con otras cuatro ubicadas en Tarragona, Valencia y Guadalajara.
La relevancia de la planta se refleja en datos significativos. Según Centrales Nucleares Almaraz-Trillo, esta instalación suministra el 7% de la demanda eléctrica nacional, cubriendo las necesidades de más de cuatro millones de hogares. Además, se considera que evita la emisión de seis millones de toneladas de CO2 cada año, contribuyendo de forma notable a la transición hacia fuentes de energía más limpias.
En cuanto al empleo, la central genera alrededor de 3.800 puestos de trabajo directos e indirectos en Extremadura, con una concentración importante en la comarca de Campo Arañuelo. Este apoyo económico es fundamental, ya que se calcula que aporta 435 millones de euros anualmente, de los cuales 94 millones son destinados a las administraciones locales y autonómicas.
Los defensores de la continuidad de la planta argumentan que es una de las instalaciones nucleares con mayor seguridad a nivel mundial. En 2025, la Asociación Mundial de Operadores Nucleares le otorgó la máxima calificación internacional al cumplir cinco objetivos clave fijados por la industria para 2030. No obstante, se estima que un posible cierre tendría consecuencias graves, poniendo en riesgo la supervivencia de varios municipios.
La Plataforma «Sí a Almaraz, Sí al Futuro», creada para apoyar el mantenimiento de la planta, subraya que su pérdida supondría una crisis económica y social, acelerando la despoblación regional y afectando negativamente a familias y negocios. También señalaron que el cierre conllevaría la desaparición de oportunidades futuras para la comunidad.
Por otro lado, grupos ecologistas han expresado su rechazo a mantener la central, destacando los retos relacionados con la gestión de residuos nucleares. Sostienen que la energía nuclear no es una fuente verdaderamente limpia y que carece de la flexibilidad que ofrecen las energías renovables, cuya rentabilidad continúa creciendo.
El programa de cierre previsto para 2027 y 2028 ha generado un intenso debate político. Aunque las empresas propietarias han solicitado ampliar la operación hasta 2030, la decisión final corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica, que ha pedido un informe al Consejo de Seguridad Nuclear para evaluar la viabilidad de esta extensión.
Las posiciones políticas varían: María Guardiola, del PP, apoya la continuidad y propone incentivos fiscales vinculados a la planta. Vox se declara un firme defensor de la central y plantea eliminar impuestos relacionados con su actividad. El PSOE manifiesta un apoyo condicionado a asegurar alternativas económicas antes de un posible cierre, mientras Unidas por Extremadura impulsa una clausura segura y oportuna.
El futuro de la Central Nuclear de Almaraz representa un reto tanto para la política regional como para el modelo energético y la estructura económica de Extremadura. Las decisiones que se adopten tendrán un impacto prolongado en la comunidad y su desarrollo a largo plazo.
