El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha otorgado este miércoles la medida cautelar que permite al FC Barcelona inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor, en una decisión que ha generado polémica por contradecir tanto su propio criterio previo como la jurisprudencia consolidada en torno al control económico que ejerce LaLiga sobre los clubes para garantizar la sostenibilidad de la competición.
En su resolución, el CSD ha optado por suspender el acuerdo de la Comisión de Seguimiento del Convenio RFEF-LaLiga, que cancelaba las licencias de los jugadores, permitiendo así su inscripción provisional. Sin embargo, esta decisión deja en entredicho principios jurídicos y deportivos que el propio organismo había avalado en casos anteriores.
El precedente de Pedro León
Según destaca el portal jurídico @iusport, en un artículo publicado recientemente, el propio CSD, en una resolución emitida el 30 de octubre de 2014, confirmó la legalidad del control económico de LaLiga al denegar la inscripción del jugador Pedro León por parte del Getafe CF. Esta resolución fue ratificada por una sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el 28 de marzo de 2016, que avaló las normas económicas de LaLiga aprobadas por la Comisión Directiva del CSD.
En dicha sentencia, se reconoció la competencia exclusiva de LaLiga para supervisar los presupuestos de los clubes y denegar inscripciones si estas superaban los límites salariales fijados. Además, la Audiencia Provincial de Madrid, en febrero de 2019, desestimó el recurso de Pedro León contra una sentencia que validaba el control económico de LaLiga, señalando que esta no había incurrido en abuso de posición de dominio.
Derecho al trabajo y ámbito laboral
Otro de los argumentos del CSD para conceder la medida cautelar al Barça es el supuesto perjuicio al derecho al trabajo de los jugadores. Sin embargo, este razonamiento también fue rechazado en el caso Pedro León. Según recuerda @iusport, el TSJM declaró que “el derecho al trabajo solo opera en el ámbito laboral entre el jugador y su club, no en el administrativo”. La relación de LaLiga es con los equipos, no con los futbolistas, lo que limita su responsabilidad en esta materia.
Intereses en conflicto: jugadores frente a sostenibilidad
La decisión del CSD también ha sido criticada por la ponderación de los intereses en conflicto. Según @iusport, al priorizar el supuesto perjuicio para los jugadores y el FC Barcelona frente al interés general de garantizar la sostenibilidad de la competición, el organismo ha dejado de lado el objetivo principal de las normas de control económico: evitar desequilibrios financieros y asegurar la viabilidad de la liga profesional.
Esta decisión, además de incumplir la normativa que el propio CSD aprobó, genera una situación de inseguridad jurídica preocupante, según apunta el artículo. Entre las consecuencias destacan “la pérdida de confianza por parte de los inversores”, un elemento clave para el desarrollo económico de LaLiga en el mercado global.
Una decisión con repercusiones futuras
La medida cautelar otorgada al FC Barcelona no solo abre un debate jurídico sobre la interpretación de las normas, sino que también pone en duda el compromiso del CSD con los principios de sostenibilidad y equidad financiera que hasta ahora habían regido en el fútbol profesional español. Mientras se espera la resolución definitiva del recurso, la decisión del CSD ya ha generado preocupación en diversos sectores del deporte por el impacto que podría tener en la competición y en las relaciones entre los clubes y los órganos reguladores.
(Fuente: @iusport, periódico jurídico especializado en Derecho Deportivo)
