El suministro ilícito de combustible, conocido como petaqueo, se ha convertido en una nueva fuente de ingresos para las organizaciones vinculadas al narcotráfico en la provincia de Cádiz. La Policía Nacional y la Guardia Civil expresan sentirse sobrepasadas ante la proliferación de estos grupos, que actúan como subcontratas de los narcotraficantes y venden garrafas de gasolina desde 50 hasta 5.000 euros.
En el transcurso de una semana, las fuerzas de seguridad confiscaron más de 12.000 litros de gasolina en tres operativos realizados en Cádiz, Rota y El Puerto de Santa María. Entre las incautaciones más significativas destaca el hallazgo de 181 garrafas listas para ser transportadas en la playa de Cala Chica, que derivó en siete detenciones.
La alta rentabilidad de esta actividad explica su rápida expansión: las narcolanchas necesitan cada vez más combustible debido a rutas prolongadas y la presencia policial, lo que incrementa el precio del carburante en el mercado ilegal. “Es una forma sencilla de obtener ganancias sin involucrarse directamente con las drogas, o al menos eso piensan”, comentan fuentes policiales.
Las redes dedicadas exclusivamente al petaqueo llegan a manejar hasta 20.000 litros semanalmente. Recientemente, la Guardia Civil desmanteló en Chiclana una organización que disponía de un surtidor ilegal dentro de una finca utilizada como almacén de combustible.
La mayoría de los involucrados son jóvenes provenientes de entornos vulnerables, para quienes esta actividad representa una salida rápida a la precariedad laboral. No obstante, su agresividad hacia las fuerzas de seguridad ha aumentado. “Por ahora no portan armas, pero no dudan en agredirnos o intentar atropellarnos”, alertan los agentes.
Desde la Fiscalía Antidroga de Cádiz se solicita un endurecimiento de las sanciones, intentando incluir este delito dentro del artículo 568 del Código Penal, que regula el tráfico de sustancias explosivas. Aunque escasos, algunos tribunales ya han comenzado a enviar a prisión a los petaqueros.
Los sindicatos policiales señalan que la carencia de recursos dificulta la lucha contra un fenómeno que se extiende por todo el litoral gaditano. Reclaman que la provincia sea declarada Zona de Especial Singularidad debido a la presión del narcotráfico, que lejos de disminuir, continúa diversificándose.
