El Tribunal Constitucional ha iniciado el análisis de los recursos interpuestos por los líderes del ‘procés’ en contra de la decisión emitida por el Tribunal Supremo que rechazó concederles el indulto por malversación, una de las infracciones que sustentó su condena tras el referéndum independentista de 2017. Pese a este trámite, la orden de arresto contra Carles Puigdemont continúa vigente, por lo que su situación legal no presenta cambios inmediatos.
Los recursos, cuya admisión a trámite se prevé en las próximas semanas, tienen como objetivo impugnar la negativa al indulto y cuestionar su alcance. Estos documentos representan un avance más en la prolongada contienda judicial y política respecto a los dirigentes independentistas catalanes. La resolución del Supremo que denegó el perdón suscitó un debate político y social, y la tramitación ante el Constitucional podría reavivar la discusión sobre la compatibilidad de estas medidas con la Constitución y el sistema judicial español.
Fuentes del ámbito judicial indican que la sala debe examinar minuciosamente los razonamientos legales de quienes recurren, que incluyen denuncias sobre la vulneración de derechos fundamentales y dudas acerca de la proporcionalidad de la sanción en relación con las decisiones políticas tomadas por los condenados. El comienzo del proceso judicial no conlleva una resolución inmediata, sino que marca el inicio de un procedimiento que podría extenderse por varios meses.
En cuanto a Carles Puigdemont, su situación continúa siendo delicada: mientras la orden de arresto internacional emitida por España permanece activa, el expresidente se encuentra en el extranjero, lo que limita cualquier avance inmediato respecto a una posible amnistía o indulto. La resolución que emita el Constitucional será determinante no solo para Puigdemont, sino también para los demás líderes independentistas involucrados en el referéndum, quienes aún aguardan decisiones judiciales sobre sus recursos y eventuales indultos.
Analistas políticos apuntan que este procedimiento podría tener un impacto importante en la política catalana y en las relaciones con el Gobierno central, ya que reactiva el debate sobre los límites de la justicia y la reconciliación política en el marco del conflicto independentista.
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