El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos avanzó en la indagación sobre la administración federal del caso Jeffrey Epstein. Este martes, anunció la citación formal de la fiscal general, Pam Bondi, quien está convocada a declarar el próximo 14 de abril.
Investigación por posible mala administración
James Comer, presidente republicano del comité, explicó que la intención es esclarecer una posible «mala administración de la investigación federal» en relación con Jeffrey Epstein —que falleció en prisión en 2019— y su colaboradora Ghislaine Maxwell.
Los aspectos principales de la citación abarcan:
- Transparencia: verificar el cumplimiento de la «Ley de Transparencia de los Archivos Epstein».
- Encubrimiento: investigar si el Departamento de Justicia (DOJ) restringió indebidamente documentos esenciales.
- Interrogatorio: examinar la conducta de asociados de Epstein que aún no han sido procesados judicialmente.
En respuesta, un portavoz del Departamento de Justicia calificó la citación como «completamente innecesaria» y no confirmó si Bondi responderá a la convocatoria.
Ambiente tenso en el Capitolio
Esta decisión se produce después de una comparecencia polémica de Bondi ante el Comité Judicial el mes pasado, donde confrontó a legisladores demócratas defendiendo la postura de la administración Trump y afirmando que «no existen evidencias de que [el expresidente] haya cometido ilícito alguno» vinculado con Epstein.
Un asunto que involucra a figuras destacadas
El impacto del caso Epstein sigue presente en la política de EE.UU. El Comité de Supervisión también ha citado a personalidades relevantes como el expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton.
«El comité no ha citado a los verdaderos involucrados», afirmó recientemente Hillary Clinton, haciendo referencia a la relación previa entre Donald Trump y el fallecido empresario, aunque hasta ahora no se han presentado pruebas judiciales que relacionen al expresidente con los delitos sexuales de Epstein.
La sesión del 14 de abril se considera crucial para definir si el Departamento de Justicia liberará todos sus archivos o si la disputa legal sobre la transparencia continuará sin avances dentro del Congreso.
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