El PSOE ha decidido llevar al Pleno una propuesta clave para proteger el suelo público de la especulación inmobiliaria. Esta iniciativa surge como respuesta a las prácticas observadas en comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP), donde se ha permitido que terrenos públicos pasen a manos de especuladores y fondos buitre.
La portavoz socialista destacó que el Gobierno progresista ha incrementado significativamente los Presupuestos Generales del Estado en materia de vivienda, multiplicándolos por ocho. Estos recursos, enfatizó, deben estar siempre al servicio de los ciudadanos y no ser utilizados para enriquecer a entidades privadas.
En este contexto, el PSOE critica la gestión del Gobierno de Vivas, que solo ha invertido una tercera parte de los más de 12 millones de euros previstos para vivienda en los últimos presupuestos. Esta falta de inversión refleja, según los socialistas, una falta de compromiso con las necesidades habitacionales de la población.
El objetivo principal de esta propuesta es establecer un marco legal que impida la venta de suelo público a entidades privadas que buscan lucrarse a expensas del bienestar social. Los socialistas argumentan que el acceso a la vivienda es un derecho fundamental y que el Estado debe garantizarlo mediante políticas públicas efectivas.
Además, el PSOE propone la creación de un observatorio de vivienda que supervise el uso y destino del suelo público, asegurando que se cumplan los objetivos sociales y se eviten prácticas especulativas. Este organismo estaría encargado de evaluar el impacto de las políticas de vivienda y proponer mejoras continuas.
La iniciativa también incluye medidas para fomentar la construcción de viviendas sociales en terrenos públicos, priorizando proyectos que beneficien a familias de bajos ingresos y colectivos vulnerables. De esta manera, se busca no solo proteger el suelo público, sino también promover un desarrollo urbano inclusivo y sostenible.
En conclusión, el PSOE reafirma su compromiso con la defensa del suelo público como un bien común que debe estar al servicio de todos los ciudadanos. La propuesta presentada en el Pleno es un paso importante hacia la consolidación de políticas de vivienda justas y equitativas, que prioricen el interés general sobre el lucro privado.
