Cristina Pérez, delegada del Gobierno en Ceuta y exvicepresidenta de la Asamblea, vuelve a estar en el centro de la controversia tras revelarse que su pareja fue contratada por Tragsatec, empresa pública del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Informes cercanos indican que el empleo se gestionó bajo la administración del anterior delegado del Gobierno, Rafa García, también oriundo de Córdoba, lo que intensifica las críticas sobre un posible entramado de influencias políticas y personales conocido como “el clan de los cordobeses”. Este grupo, con lazos y afinidades políticas comunes, habría consolidado su presencia en diferentes estructuras institucionales de Ceuta.
Fuentes diversas señalan que durante el apoyo del Gobierno y el PSOE local al Ejecutivo era frecuente la colocación de allegados y personas cercanas. Críticos señalan que este patrón favoreció una red de favores y contrataciones cuestionadas, generando percepciones de amiguismo y clientelismo dentro de la administración pública.
Sin embargo, estas maniobras habrían ocurrido sin la participación directa ni conocimiento del presidente Juan Vivas ni de la dirección actual del PSOE en Ceuta. Según las fuentes consultadas, ambas partes mantienen una postura institucional distante y promueven la transparencia en la gestión pública.
La inclusión de la pareja de Cristina Pérez en Tragsatec ha provocado inquietud en los ámbitos político y social, cuestionando la transparencia y objetividad del proceso de selección. Aunque no hay evidencia de intervención directa de la delegada actual, la coincidencia de intereses y el contexto generan dudas sobre posibles prácticas de nepotismo y favoritismo.
Este caso resulta relevante por tratarse de una representante institucional cuyo rol implica garantizar la ética y ejemplaridad en la gestión pública. La ciudadanía ceutí demanda aclaraciones: ¿se realizó un proceso de selección imparcial? ¿Influyó la relación entre la actual delegada y el anterior delegado en esta contratación?
En una ciudad donde a menudo se cruzan vínculos personales y políticos, el “clan de los cordobeses” enfatiza la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y responsabilidad en las instituciones públicas.
Más allá del caso puntual, este episodio invita a reflexionar sobre la responsabilidad ética de los cargos públicos. En un contexto de creciente desconfianza hacia la política, la sociedad exige transparencia, integridad y coherencia.
Cristina Pérez tiene ahora la oportunidad y la responsabilidad de aclarar las circunstancias de esta contratación y demostrar que su posición no ha influido en decisiones que afectan al interés general. Solo con explicaciones claras podrá disipar dudas sobre nepotismo que podrían dañar la credibilidad del Gobierno en Ceuta.
