Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, confirmó este lunes que el gobierno autorizó una segunda intervención contra los supervivientes de una embarcación vinculada al narcotráfico, luego de un ataque inicial en aguas internacionales del Caribe. Esta acción, ejecutada el 2 de septiembre, fue dada a conocer por The Washington Post, que reportó un supuesto mensaje del secretario de Defensa, Pete Hegseth, con la orden de “eliminar a todos”.
De acuerdo con la versión oficial, Hegseth otorgó una autorización general al almirante Frank Bradley, sin emitir una instrucción específica para la segunda operación. Leavitt explicó que esta intervención corresponde a una legítima defensa contra grupos narcoterroristas y que se ajustó a la normativa internacional aplicable en conflictos armados.
Acusaciones de “crimen de guerra” y llamado bipartidista a investigación en el Congreso
La información ha generado una controversia considerable en Washington. Legisladores demócratas y republicanos demandan una investigación inmediata, argumentando que atacar a personas indefensas podría constituir un crimen de guerra.
Los líderes de los comités de Servicios Armados en ambas cámaras del Congreso se comprometieron a ejercer una supervisión estricta mediante audiencias públicas y solicitando acceso a documentación clasificada relacionada con la operación.
Conflictos internos en la Casa Blanca y cuestionamientos sobre la versión oficial
El asunto ha provocado tensiones dentro del propio gobierno. El presidente Donald J. Trump aseguró desconocer el segundo ataque y afirmó no haber autorizado esa acción, aunque manifestó confianza en el secretario de Defensa.
Por otra parte, el Pentágono ha sido criticado por no presentar pruebas concluyentes, como videos o grabaciones, que demuestren una amenaza directa proveniente de los supervivientes. Especialistas en derecho internacional destacan que atacar a personas fuera de combate podría infringir las reglas del derecho bélico.
Implicaciones políticas y éticas de este caso para EE. UU.
Este incidente marca un cambio en la estrategia militar estadounidense en el Caribe, al autorizar por primera vez lo que muchos consideran ejecuciones sumarias bajo la denominación de “guerra contra el narcotráfico”. Si el Congreso determina que hubo violaciones legales o crímenes de guerra, las repercusiones podrían ser significativas en ámbitos judiciales y políticos.
Asimismo, el caso genera un debate crucial sobre el uso de la fuerza en operaciones militares fuera de un contexto bélico convencional, cuestionando los límites legales y éticos de estas intervenciones en alta mar.
