La ministra Milagros Tolón participa por primera vez en la Conferencia Sectorial con el propósito de alcanzar un acuerdo mayoritario, en especial con las comunidades autónomas gobernadas por el PP, para disminuir el número de estudiantes por aula a partir del curso 2026-2027.
Este viernes se presenta un momento crucial para la educación en España. La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, lidera su debut en la Conferencia Sectorial con los consejeros autonómicos, con el fin de persuadir a todos los territorios sobre las ventajas del nuevo anteproyecto de ley orientado a mejorar las condiciones laborales del profesorado.
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La iniciativa, que procede de la gestión anterior de Pilar Alegría y fue consensuada con los sindicatos, persigue no solo reducir la carga laboral de los docentes, sino también modificar la estructura de las aulas en el territorio nacional.
Menor número de alumnos, mayor inclusión
El eje principal de la reforma se basa en la disminución de las ratios. El documento plantea reducir los límites actuales de 25 y 30 estudiantes en Educación Primaria y Secundaria a un máximo de 22 en Infantil y Primaria, y 25 en la ESO.
Adicionalmente, la ley incorpora un criterio de equidad relevante: los alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE) serán contabilizados como dos plazas. Esta medida está destinada a asegurar una atención más individualizada y a evitar la saturación en los centros de educación inclusiva.
Aspectos destacados de la nueva ley:
- Jornada lectiva: Se fija un límite de 23 horas semanales para Primaria y 18 para Secundaria.
- Calendario: El Ejecutivo contempla que las mejoras en inclusión y reducción de jornada entren en vigor en el curso 2026-2027.
- Financiación inmediata: En esta reunión se prevé aprobar la distribución de 58,5 millones de euros destinados a subvenciones para libros de texto y material escolar para el año 2026.
Un contexto político desafiante
A pesar de que el Consejo Escolar del Estado aprobó el texto por unanimidad, la ministra Tolón afronta el desafío de obtener el apoyo de las comunidades autónomas gestionadas por el Partido Popular. Desde territorios como Madrid se sostiene que ya existen planes propios destinados a la disminución de ratios, mientras que los sindicatos señalan que la reducción de jornada puede tener un impacto limitado, dado que varias autonomías ya aplicaron reducciones similares.
Por otro lado, la tramitación parlamentaria —que se prevé que dure alrededor de tres meses tras su aprobación en el Consejo de Ministros— se anticipa compleja. Formaciones como Sumar han demandado ratios todavía más restrictivas (un máximo de 20 alumnos), mientras que los sindicatos buscarán incorporar mejoras en las condiciones de jubilación y extender la jornada reducida a docentes mayores de 55 años.
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