Al concluir 2025, el Ejecutivo de Pedro Sánchez muestra un panorama dual: la economía alcanza cifras históricas mientras el ámbito político presenta complicaciones para el Gobierno. El aumento del empleo, la mayor recaudación fiscal y las mejoras en pensiones y salarios públicos conviven con un entorno de tensiones políticas y cierto desencanto en el votante progresista.
La pérdida del PSOE en Extremadura supone un punto crucial. Más que un revés electoral, refleja una baja movilización del electorado progresista frente a una derecha que logra concentración de votos incluso en áreas tradicionalmente vinculadas a la izquierda.
Con un Congreso bloqueado y Junts estableciendo límites claros, Moncloa planifica una estrategia para lograr un impacto directo mediante medidas que eviten el trámite parlamentario. Entre ellas, priorizará temas como la vivienda, junto con aumentos en pensiones y la introducción de un abono único de transporte, propuestas que difícilmente serán rechazadas por oposición política.
A menos de un año para las elecciones generales, los socios del Gobierno pretenden cumplir sus compromisos sin comprometer la estabilidad del Ejecutivo. Al mismo tiempo, la sombra judicial persiste, con causas sensibles y un juicio mediático involucrando a Ábalos, Cerdán y Koldo, lo que plantea un 2026 con múltiples desafíos para Sánchez. Paralelamente, el PP se enfrenta a su propio proceso con el caso Kitchen, reavivando la discusión sobre la posible utilización política de las instituciones estatales.
El calendario electoral comenzará con Aragón en febrero, seguido por Castilla y León en marzo y Andalucía más adelante. Estos comicios serán las primeras pruebas para determinar si el resultado en Extremadura fue un hecho aislado o si indica el comienzo de una tendencia política desfavorable para el PSOE.
