El Partido Popular ignora la petición de los obispos de apoyar una iniciativa legislativa popular que busca regularizar a medio millón de extranjeros en situación irregular.
La tradicional sintonía entre la Iglesia Católica y el Partido Popular ha sufrido un visible revés con motivo de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que propone la regularización extraordinaria de cerca de 500.000 migrantes en situación irregular en España. Pese a los reiterados llamamientos de la Conferencia Episcopal, el PP ha decidido no respaldar la propuesta, marcando una distancia inusual con la jerarquía eclesiástica.
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Los obispos han defendido con firmeza la ILP, que cuenta con el aval de más de 700.000 firmas ciudadanas, alegando razones humanitarias, sociales y cristianas. «No se trata solo de un gesto político, sino de una cuestión de justicia y dignidad», han declarado en diversas ocasiones. Sin embargo, el principal partido de la oposición ha optado por alinearse con una postura más restrictiva en materia migratoria, esgrimiendo preocupaciones sobre el “efecto llamada” y la falta de garantías jurídicas de la medida.
Este desencuentro pone en evidencia las tensiones crecientes entre sectores conservadores de la sociedad española ante la evolución del debate migratorio. Mientras movimientos sociales, ONGs y entidades eclesiales insisten en la necesidad de ofrecer una solución integral y humanitaria a cientos de miles de personas que ya viven e incluso trabajan en el país, el PP se mantiene firme en su negativa, priorizando su agenda política y electoral.
La falta de apoyo del PP a la ILP no solo complica su eventual aprobación en el Congreso, sino que también refleja un cambio de paradigma en la relación entre el partido y la Iglesia, históricamente aliados en numerosos temas sociales y morales. Para muchos analistas, este caso podría marcar un antes y un después en la influencia de la jerarquía eclesiástica sobre las decisiones políticas del centro-derecha español.
