La Guardia Civil desarrolló una operación en Burgohondo, a unos 35 kilómetros al sureste de Ávila, donde halló 472 especies exóticas protegidas en un refugio falso. La actuación permitió descubrir una red dedicada al comercio ilegal de fauna valorada en aproximadamente 85.000 euros.
La investigación, bautizada como «Suartx», identificó a cuatro personas presuntamente vinculadas a esta organización criminal. Este caso pone de relieve la problemática del tráfico ilegal de animales exóticos, una amenaza para la biodiversidad y la integridad de los ecosistemas.
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Entre las especies incautadas se encuentran tortugas de diferentes clases, iguanas, gecos y tarántulas, todas ellas sin la documentación que certifique su legalidad y procedencia, lo que evidencia la carencia de control y regulación en este ámbito en España.
Las pesquisas comenzaron en junio de 2023, cuando el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) detectó irregularidades relacionadas con el falso refugio a través de redes sociales, que solicitaban donaciones y apoyo económico.
Se descubrió que los implicados operaban con la imagen de una organización no gubernamental (ONG) que supuestamente cuidaba de los animales, aunque no contaban con las licencias y permisos necesarios, lo que derivó en su imputación.
Además de mantener animales de manera ilegal, los responsables organizaban cursos y actividades de voluntariado, convocando a personas sin registro en la Seguridad Social, lo que incumple la legislación y expone a los voluntarios a riesgos legales y económicos.
Aunque los animales parecían estar en buenas condiciones, se constató que muchos fueron entregados de forma irregular y que 200 de ellos fallecieron antes de la intervención, lo que refleja las precarias condiciones en las que se encontraban y la necesidad de frenar estas prácticas.
Los animales procedían de cesiones irregulares en diversas provincias como Madrid, Badajoz, Ciudad Real, Valencia, Toledo, Huesca, Zaragoza y Sevilla, demostrando la dimensión nacional del problema.
La operación contó con la colaboración de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y agentes medioambientales del Ministerio para la Transición Ecológica, esfuerzos orientados a desmantelar estas redes ilegales y proteger la biodiversidad.
Finalmente, las diligencias han sido remitidas a los Juzgados de Ávila y a la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente para que se valoren los cargos contra los cuatro investigados por delitos contra la fauna, estafa, falsedad documental, contrabando y organización criminal, buscando una respuesta efectiva para proteger a los animales y garantizar que estas conductas no queden impunes.
