Antonio del Moral, magistrado del Tribunal Supremo que firmó la condena contra el ex fiscal general Álvaro García Ortiz por revelación de secretos, está involucrado en una controversia reciente. Se ha confirmado que Del Moral codirigió la tesis doctoral del abogado Gabriel Rodríguez-Ramos, quien representa a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en varios procedimientos judiciales. Esta conexión ha generado dudas sobre la posible influencia en la imparcialidad de los casos en cuestión.
Rodríguez-Ramos defendió su tesis, titulada «Identidad fundamental de la actuación empresarial punible», el 15 de octubre de 2024 en la Universidad Complutense de Madrid, coincidendo con la fecha en que la Sala de lo Penal del Supremo decidió iniciar el proceso contra García Ortiz. Su trabajo fue codirigido por Del Moral y Alfredo Liñán Lafuente, profesor titular en Derecho Penal de la UNED. En los agradecimientos, el autor reconoció la “sabia guía” y apoyo de sus directores durante la elaboración de la tesis.
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Con más de dos décadas de experiencia, Rodríguez-Ramos es responsable de la defensa de González Amador en causas relevantes, entre ellas por fraude fiscal y corrupción empresarial.
Este contexto ha suscitado inquietudes debido a que la relación académica entre Del Moral y Rodríguez-Ramos se presenta en un caso de notable repercusión política. La imparcialidad ha sido cuestionada especialmente tras las objeciones planteadas por la teniente fiscal María Ángeles Sánchez Conde, quien señaló la participación previa de algunos jueces en decisiones clave. Pese a ello, la Sala de lo Penal rechazó las recusaciones y siguió adelante con la instrucción.
La polémica se intensifica al saberse que Del Moral también fue codirector de la tesis de Álvaro Bernad Sánchez, abogado que representó a la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) en la acusación popular contra García Ortiz. Además, tres magistrados del tribunal que condenó al ex fiscal asistieron a un curso organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) poco después de dictarse la sentencia, lo que ha agravado las dudas sobre la neutralidad de los jueces implicados.
En respuesta a esta situación, se plantearon recusaciones contra los magistrados, que finalmente fueron rechazadas. Aunque la normativa sobre abstención judicial es explícita respecto a vínculos familiares o personales, no contempla de forma clara las relaciones académicas como motivo para apartar a un juez, lo que ha generado críticas acerca de la transparencia y objetividad del proceso.
